Tegucigalpa.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, lamentó hoy el aumento de los altos niveles de violencia en Honduras durante 2021, año en el que fueron asesinadas en el país 318 mujeres, 28 personas LGTBI, y 10 periodistas y defensores de derechos humanos.
La pobreza, las desigualdades, la impunidad y la discriminación también crecieron en el país centroamericano el pasado año, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet, quien señaló que en el contexto de las elecciones de noviembre se registraron al menos 30 asesinatos en 69 incidentes.
La alta comisionada pidió a las autoridades hondureñas más diálogo «para consolidar el estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas» después de que en los últimos meses se produjera una crisis parlamentaria, con dos juntas directivas luchando por el control del Congreso Nacional.
Bachelet celebró la sentencia contra el asesino de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres (cuyo contenido se conocerá en abril), aunque manifestó su preocupación por la «falta de independencia judicial y de acceso a la justicia de las víctimas en otros casos relacionados con los derechos humanos».
También manifestó su inquietud por la corrupción en Honduras, «un problema estructural que socava el Estado de derecho», y lamentó que recientes reformas legales facilitaran la excarcelación y absolución de varios exfuncionarios acusados y condenados por corruptos.
Por último, Bachelet mostró su alarma por los desalojos forzosos y los ataques a defensores del medio ambiente y del derecho a la tierra, en el contexto de los conflictos entre empresas extractivas y determinadas comunidades.
«Insto al Gobierno a construir un modelo económico equitativo y sostenible que garantice los derechos de las comunidades afectadas y contribuya a la calidad de vida de la población en general», subrayó.
En respuesta a Bachelet intervino ante el Consejo la secretaria de Estado de Derechos Humanos hondureña, Natalie Roque Sandoval, quien señaló que el nuevo Gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro se ha comprometido a proteger las libertades fundamentales.
«Nuestro programa y nuestra propuesta política contenía un firme compromiso con los derechos humanos, especialmente con los de las mujeres, los defensores de derechos humanos, las personas migrantes, estigmatizadas y todos aquellos que durante una década han sufrido violencia sistemática», afirmó.
Ello supone «comenzar a desmontar el proceso de persecución política que se inició durante el golpe de estado (de 2009) y se extendió durante una década afectando también a defensores y defensoras del territorio, comunicadores, defensores de la justicia y la vida», aseguró Roque Sandoval.
La secretaria de Estado reafirmó el compromiso del nuevo Gobierno con el respeto a las poblaciones indígenas, y destacó que en los primeros meses de presidencia de Castro ya se han producido las primeras liberaciones de presos políticos, que continuarán con «todos aquellos que han defendido la vida y el derecho a la protesta». EFE
