Comienza juicio contra ex directivos del IHSS

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Tegucigalpa. Con más de 30 medios probatorios buscará la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público, obtener un nuevo fallo de culpabilidad en el  juicio oral y público que inicia este lunes 2 de marzo en contra de 14 miembros de la ex junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados por una millonaria transferencia irregular de fondos entre regímenes a lo interno de esa institución.

Se trata de los ex funcionarios Arturo Bendaña Pinel, Leonardo Villeda Bermúdez, Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, José Manuel Espinal, Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetty Osorio, José Hilario Espinosa Herrera, Arnoldo Gabriel Solís Córdova, José Humberto Lara Enamorado, Oscar Manuel Galeano, Daniel Antonio Durón Romero, Luis Alonso Mayorga Gálvez y Odessa Del Carmen Henríquez.

Según las investigaciones de la UNAF, la ex junta directiva movió más de 600 millones de lempiras del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) al régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), así como consolidó como deuda más de 900 millones de lempiras, acciones prohibidas por el artículo 58 de la Ley del Seguro Social y que causaron un perjuicio económico a los derechohabientes.

En este expediente judicial, el Ministerio Público logró que se revocara el sobreseimiento definitivo que una Corte de Apelaciones Natural integrada por tres ex magistrados, habían emitido a favor de siete de los imputados a sólo tres días de terminar su periodo.

El debate está programado para comenzar  hoy a las 11:00 de la mañana y finalizar hasta el 13 de marzo en el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción. 

Ahora, el expediente se ventila en el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, lo que recientemente fue confirmado ante alegatos de la defensa de los encausados, que habían impedido que en septiembre pasado se desarrollara la referida audiencia de proposición de pruebas.

En este caso, el auto de apertura a juicio se emitió por abuso de autoridad y delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones, lo que se sustentará en el juicio con prueba útil, pertinente y proporcional por parte del Ministerio Público.