CN debe buscar solución a cuatro magistrados destituidos en 2012, señala constitucionalista

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Tegucigalpa.- La exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, dijo que el Congreso Nacional de la República debe buscar una solución a cuatro magistrados destituidos en 2012 porque se les violentaron sus derechos.

La Procuraduría General de la República (PGR), envió recientemente un informe al Congreso Nacional para que defina pronunciamientos sobre el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la “destitución arbitraria” de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012.

La abogada constitucionalista manifestó que la decisión de destituir a los cuatro magistrados fue una determinación del Congreso Nacional siendo presidido por Juan Orlando Hernández.

En ese sentido, expresó que el Legislativo tiene la responsabilidad de tomar una decisión al margen de la ley, porque indicó que efectivamente a los magistrados que se les destituyó del cargo no se les siguió el debido proceso legal, no se les permitió su derecho de defesa para que en una audiencia de descargo pudiesen ser oídos, además que no había una causa legal que justificara su remisión y que estos tenían un período por el cual habían sido electos.

“Ahora aparece la figura de la solución amistosa que la PGR puede instar en el cumplimiento de su ley, esta es una figura que nace del sistema interamericano y que permite que las partes en este caso el Estado de Honduras se pueda avenir a resolver la situación tanto en el daño material como inmaterial causado, sin tener este caso que ser conocido por la CIDH y se deduzca la responsabilidad internacional al Estado de Honduras”, amplió.

Pineda dijo que lo que corresponde es que el Estado hondureño pague a estos magistrados lo que corresponde al perjuicio causado, los salarios que dejaron de percibir desde el momento cuando se les suspendió del cargo hasta cuando finalizaba su período.

Inclusive, mencionó que se pueden hacer otras consideraciones por razón de otros daños y que la PGR podría repetir contra los autores de esa decisión de tal forma que los montos que ellos perciban no sean montos a cargo del pueblo hondureño, sino a cargo de quienes tomaron esa determinación.