El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos cuestionó el alcance del requerimiento fiscal presentado contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exintegrantes de la Comisión Permanente, al considerar que el Ministerio Público se quedó corto al no incluir presuntos delitos electorales entre las imputaciones.
Durante una entrevista con RCV, Barrientos sostuvo que los hechos atribuidos a los señalados debieron ser analizados también desde la perspectiva de posibles delitos relacionados con el proceso electoral.
“El Ministerio Público se ha quedado corto, porque esta gente también cometió delito electoral y no están siendo acusados por un delito electoral”, afirmó el constitucionalista.
El abogado también rechazó los argumentos de una supuesta persecución política y señaló que las imputaciones contra Redondo y los demás involucrados ya son de conocimiento público. Asimismo, cuestionó el uso de este argumento por parte de dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) cuando enfrentan procesos judiciales.
Barrientos además cuestionó que Redondo no haya anunciado formalmente su presentación voluntaria ante las autoridades judiciales. A su criterio, su apoderado legal debió presentar un escrito comunicando la intención de comparecer ante la justicia.
Sobre la eventual orden de captura, explicó que, una vez admitido un requerimiento fiscal, este tipo de medidas forma parte de los procedimientos habituales dentro de una causa penal y no necesariamente constituye una actuación fuera de tiempo.
Posible pena superior a cinco años
El constitucionalista también se refirió a las consecuencias que podrían enfrentar los acusados en caso de ser declarados culpables. Entre los delitos mencionados en el proceso figuran la usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según su valoración, la acumulación de las penas podría superar los cinco años de prisión, aunque aclaró que no podía establecer una cantidad exacta y que la responsabilidad penal deberá determinarse conforme a las pruebas y decisiones de los tribunales.
El Ministerio Público presentó acusaciones contra Luis Redondo y otros integrantes de la entonces Comisión Permanente por una serie de delitos relacionados con sus actuaciones durante la pasada legislatura. De acuerdo con información judicial citada por Proceso Digital, el requerimiento involucra a 14 personas y contempla 21 delitos.
El caso continúa en el ámbito judicial, donde corresponderá a las autoridades competentes determinar la existencia o no de responsabilidad penal de los señalados.
