Tegucigalpa.- Una comisión de 10 personas representantes de la Asociación de pueblos misquitos de Honduras viajó a Tegucigalpa con el propósito de denunciar al ministro de Gobernación, Héctor Leonel Ayala, por cinco delitos.
De acuerdo a la comisión el funcionario hondureño ha violentando el convenio 169 con la emisión del Acuerdo Ministerial N.288-2021 al no consultar una medida legislativa con este sector de la sociedad.
El artículo seis del convenio reza “cuando exista conflicto entre dos Juntas Directivas o sus órganos equivalentes y este conflicto se resuelva mediante sentencia dictada por un Órgano Jurisdiccional, la Junta Directiva reconocida en la sentencia se restablecerá y cumplirá el período para el cual fue electa, asumiendo en el período inmediato siguiente en caso de existir una autoridad ya registrada y en caso de acefalia la toma de posesión comenzará un vez la sentencia sea notificada a esta Secretaría de Estado, sin perjuicio de cumplir con la orden expresa del órgano judicial”.
De acuerdo a los inconformes el anterior artículo ha sido violentado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Básicamente la inconformidad obedece al reconocimiento de una junta paralela a la nombrada por los representantes de los pueblos misquitos.
En ese sentido, la Asociación tipifica a Ayala por los delitos de: Abuso de autoridad, exceso de poder, violación a los deberes de los funcionarios, discriminación racial y violación a los convenios y tratados internacionales de los cuales Honduras es signatario.
Citando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reza “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, los representantes del grupo étnico acusaron a Ayala de los anterior delitos.
La delegación viajó a la capital hondureña con el objetivo de emprender acciones legales en contra del ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Héctor Leonel Ayala.
