Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha presentado un informe detallado sobre las presuntas irregularidades en los contratos de energía térmica suscritos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Honduras. Este estudio, basado en una exhaustiva investigación, revela prácticas que ponen en riesgo tanto la estabilidad financiera como el bienestar ambiental del país.
Según el análisis realizado por ASJ, durante la presidencia de José Manuel Zelaya se declaró emergencia en el subsector eléctrico, lo que condujo a la firma de contratos directos, incluyendo uno con la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (CECHSA) por 150 MW a base de carbón.
A pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, estableciendo un precedente perjudicial.
El contrato con CECHSA, firmado en 2008, estuvo marcado por irregularidades desde su concepción, con indicios de sobrecostos significativos según el TSC, que ascendían a más de USD 1,560 millones durante su duración. A pesar de esto, el contrato se mantuvo vigente durante años sin entrar en operación y estuvo en proceso de cancelación en 2014.
Sin embargo, en un giro sorprendente, el contrato «revivió» en 2024 bajo el nombre de «Brassavola», con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una falta preocupante de transparencia y rendición de cuentas.
El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos. La entrada en operación de la nueva planta de Villanueva representaría un aumento adicional en la tarifa del usuario final de al menos un 4 %, generando una presión financiera insostenible para la ENEE y el gobierno.
Ante esta situación, la ASJ insta al Tribunal Superior de Cuentas a llevar a cabo una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales. Asimismo, se hace un llamado a los entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE.
Los hallazgos de esta investigación serán denunciados por ASJ ante el Ministerio Público a través del centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), en un esfuerzo por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector energético hondureño.
