Tegucigalpa.- A un año de la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la aldea de Támara, a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exige al Estado hondureño resarcir el daño y garantizar justicia para familiares de las víctimas.
«Hoy se cumple un año del hecho trágico ocurrido en Támara donde perdieron la vida 46 mujeres, hoy acompañamos a los familiares de las víctimas para exigir al Estado el resarcimiento del daño y exigir justicia», lamentó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ.
Actualmente, ocho de las reclusas han sido sometidas a procesos judiciales y algunas de las familias de las víctimas recibieron una ayuda de 50 mil lempiras para gastos fúnebres; sin embargo, aún está pendiente la investigación de la responsabilidad de los funcionarios encargados de la seguridad y administración de la PNFAS, que permitieron el ingreso de combustible, armas, municiones y teléfonos celulares para facilitar el trágico hecho.
En ese sentido, la ASJ recalcó que la masacre de las 46 mujeres evidenció la debilidad del sistema penitenciario hondureño, por lo que más de 500 personas han fallecido bajo custodia del Estado.
«Es un hecho histórico y que ha quedado grabado en la memoria del país, el sistema penitenciario se encuentra fallido y debilitado», expresó Castañeda.
Recomendación
La ASJ recomendó la creación de una procuración penitenciaria, un brazo investigativo científico de las muertes y violaciones de derechos humanos en contra de los privados de libertad, que ha dado buenos resultados en otros países.
Representación de la PGR
Por otra parte, la Junta Local de Prevención contra la Tortura y la plataforma de organizaciones de sociedad civil ’20 de Junio’, familiares de las víctimas de la masacre en la PNFAS, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercer la acción civil en su representación, ya que por razones económicas no están en condiciones de interponer una demanda contra el Estado, tal como lo establece el artículo 51 del Código Procesal Penal hondureño.
Además, familiares de las víctimas solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la asignación de becas de estudio para los menores de edad huérfanos a raíz de la tragedia y al Ministerio Público, una investigación exhaustiva y amplia que incluya a funcionarios y custodios que se vieron involucrados de acuerdo con informes de las autoridades de seguridad.
Los hechos
El 20 de junio de 2023, aproximadamente a las 8:02 a. m., 46 mujeres fueron asesinadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) a manos de privadas de libertad armadas con pistolas, combustible y otro armamento.
