Tegucigalpa.- El juez encargado del proceso de extradición de Francisco Cosenza, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, ha decidido que cumpla con la detención provisional en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, situada en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, según informó una fuente judicial.
Melvin Duarte, jefe de comunicaciones del Poder Judicial, explicó que Cosenza será recluido en las celdas de la unidad especial de la Policía Nacional para garantizarle atención médica debido a sus múltiples problemas de salud, argumentados por su defensa y que deberán ser certificados por Medicina Forense.
Por otro lado, la audiencia de presentación y evacuación de medios de pruebas está programada para el jueves 15 de febrero a las 9:00 de la mañana, agregó Duarte.
Además, señaló que la Corte Suprema de Justicia ha otorgado plazo hasta el 8 de febrero a Estados Unidos para que envíe la documentación traducida al español y autenticada respecto a los cargos formulados por los cuales se solicita la extradición de Francisco Cosenza.
Del mismo modo, se pedirá a las autoridades competentes información sobre si existen causas pendientes contra Cosenza en el territorio hondureño.
Francisco Cosenza, de 65 años, es requerido por la Corte del Distrito Sur del estado de Florida por tres cargos: conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y transacciones derivadas de actos criminales.
La acusación se relaciona con la supuesta obtención de contratos millonarios relacionados con la compra de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras mediante sobornos, durante su período como director de la Tasa de Seguridad en el Gobierno presidido por Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Francisco alega inocencia
«Soy inocente» de las acusaciones que le hace la justicia estadounidense, declaró hoy Francisco Cosenza al salir de la audiencia de información en la CSJ.
En diciembre, Cosenza también rechazó las acusaciones y afirmó que su labor era puramente administrativa, limitándose a recibir órdenes.
El exfuncionario aclaró que las decisiones de compra las tomaba el Comité en pleno, compuesto por directores nombrados por diferentes sectores, incluyendo el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Remarcó que él solo verificaba que los procesos de compra fueran correctos.
Además, mencionó que tiene documentación que respalda la legalidad de sus funciones durante su administración del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, desde mayo de 2012 hasta diciembre de 2020.
Por el mismo caso, también la Corte de Florida acusa a Carl Alan Zaglin, propietario de una empresa textil en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, residente de Boca Ratón, Florida.
