Tegucigalpa.- En la administración anterior, el Congreso Nacional aprobó los llamados «pactos de impunidad», permitiendo la suspensión de la persecución penal para más de medio centenar de personas acusadas de corrupción. Sin embargo, recientemente el Legislativo derogó el decreto 57-2020, que exigía autorización para secuestrar documentación relacionada con casos de corrupción, y el 93-2021, que incluía reformas al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos.
A pesar de estos avances, analistas sostienen que es necesario derogar también el decreto 116-2019, conocido como «fondo departamental», el cual protege a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos. Además, se destaca la importancia de abordar el artículo 4-A de la ley de amnistía y promover la Ley de Colaboración Eficaz, herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción en el país, según el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía.
Adicionalmente, queda pendiente la derogación del decreto 4-2022, denominado «Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan», el cual absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel «Mel» Zelaya (2006-2009) por supuesta persecución política. Esta medida genera preocupación, ya que obstaculiza las investigaciones y futuros requerimientos fiscales, según el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
La visita de la misión exploratoria de la ONU, encargada de evaluar las condiciones para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), no parece motivar a quienes deben presentar peticiones para derogar los mecanismos que respaldan la corrupción y devolver al Ministerio Público la acción penal pública sobre los pactos de impunidad. Actualmente, estas investigaciones están a cargo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Se destaca que las reformas no pueden aplicarse retroactivamente, ya que la ley solo tiene efecto retroactivo cuando beneficia al imputado en materia penal. Esto implica que las personas bajo investigación por delitos de lavado de activos serán juzgadas bajo la ley anterior a la reciente reforma, explicó el abogado penalista Marlon Duarte.
Un análisis técnico realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) revela que los decretos conocidos como «pactos de impunidad» tienen como objetivo evitar la investigación, enjuiciamiento y sanción de delitos cometidos por funcionarios públicos y élites corruptas en el país.
La llegada de una CICIH a Honduras con el respaldo de la ONU fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro. A través de Twitter, Castro informó a la misión de expertos de la ONU que el convenio para la instalación de la CICIH deberá estar listo y firmado en los próximos meses.
Cabe destacar que Honduras ya contó con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fuente: Noticias24/7
