Tegucigalpa.- Remover de sus cargos al titular de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), Héctor Morales, y el director y subdirectora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro y Kenya Reconco, respectivamente, es una decisión apurada y estratégica, opinaron analistas.
Para los expertos, se requiere una investigación más detallada sobre la presunta omisión de deberes-argumento para la separación- y porque el fiscal general, Johel Zelaya, ocupa un interinato que no lo faculta para tales determinaciones.
«Estos movimientos consideramos que no deberían de ejecutarse en este momento, puesto que el fiscal general interino no tendría que tener esa facultad para poder destituir personal en puestos claves. Por lo tanto, sí se espera que el Congreso Nacional tome acciones oportunas para legitimar las acciones del fiscal general», mencionó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Mientras que el abogado Leonel Núñez es del criterio que, estando en el desempeño de un interinato, no es suficiente para que el Johel Zelaya tome por sí mismo tales determinaciones y que debería esperar a que el Congreso Nacional, con 86 votos, elija en propiedad a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
«Creo que debería estar bien investigar sobre diferentes asuntos, pero dejar que la autoridad de manera permanente, cuando sea electa, sea la que tome las decisiones en contra de aquellos funcionarios que han actuado de forma incorrecta», expuso Núñez.
Autoridades investigadas
Al comunicar su decisión de remover a altos cargos del Ministerio Público, el fiscal general interino, Johel Zelaya, reveló que la Fiscalía para Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia seguirá sus órdenes para iniciar procesos disciplinarios o administrativos a investigadores que estarían permitiendo la fuga de exfuncionarios.
«Es importante que las autoridades interinas del Ministerio Público tengan claro tres aspectos esenciales que van inherentes a su cargo: primero es la temporalidad del cargo que ejercen; la sustitución del cargo que puede producirse en cualquier momento y la restitución del puesto al momento de que el titular sea electo», señaló Kenneth Madrid, coordinador de Justicia y Seguridad de ASJ.
Según el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), José Acevedo, cabe una investigación interna en términos de resultados sobre el funcionamiento de distintas unidades del Ministerio Público, donde la impunidad ha sido el primer resultado, antes de tomar decisiones apuradas y probablemente equivocadas.
«También es necesario que los procesos de evaluación sean dirigidos, sean orientados por una serie de indicadores, de criterios objetivos», dijo.
Destitución
La determinación de Zelaya se basó luego que se presentara un requerimiento fiscal contra la exsecretaria de Salud, Alba Consuela Flores y la exsecretaria de Finanzas, Rocio Tábora, que, según un comunicado, estuvo «guardado mucho tiempo», por la compra fraudulenta de los hospitales móviles a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
De acuerdo al documento, se responsabiliza a los funcionarios separados el letargo de dicha acción.
Un juez giró el jueves orden de captura para Consuelo Flores y Rocío Tábora, ambas exfuncionarias de la pasada administración, que son acusadas por la presunta comisión del delito de fraude y otros delitos.
En esta orden de captura también están incluidas los exviceministros de Finanzas, Daniel Antonio Ardón y Roxana Melani Rodríguez Alvarado por el delito de fraude.
