Tegucigalpa.- El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, confirmó esta tarde a Radio América, que los hondureños que guardan prisión en los batallones serán trasladados a los diferentes centros penales del país.
“Es un proceso gradual, se va ir retornando a los centros de internamiento estipulados por la ley”, confirmó el funcionario a la casa de radio.
“Es un proceso de año y medio, para que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) se haga cargo de la seguridad, junto a personal calificado. El proceso de formación lleva algún tiempo para que quede personal certificado”, dijo Sabillón.
Esto forma parte de la “desmilitarización” de los centros de prisión del país, que prometió la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Descartó por el momento que los centros penales sean privatizados, “no ha sido tratado el tema, estamos en transición a la policía y de la policía al INP. La privatización es una inversión económica fuerte.
El proceso de traspaso de los centros penitenciario llevará un cronograma que se desarrollará durante el 2022; mientras se concluye con la transición las Fuerzas Armadas de Honduras seguirán apoyando en los 10 centros donde tienen presencia y paulatinamente irán reasignando su personal a las labores que la Constitución de la República les establece.
Cabe recordar, que en los recintos de las Fuerzas Armadas guardan prisión exfuncionarios del Estado, extraditables, alcaldes y reos de alta peligrosidad, acusados por actos de corrupción, tráfico de drogas y asesinatos.
Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), continuará con sus labores de resguardo en 12 centros, y mientras dura el proceso, los funcionarios se someterán a un proceso de certificación, para validar su trabajo y seguir apoyando todo el refuerzo que realizará la Policía Nacional.
El sistema penitenciario hondureño está conformado por cerca de 30 centros penitenciarios, en las que permanecen privados de su libertad más de 22,000 personas. Debido a amotinamientos suscitados que dejaron víctimas fatales, se decretó en 2019 una intervención que continua hasta nuestros días, con el fin de devolver la gobernabilidad al interior de las prisiones del país.
