El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que serán las autoridades penitenciarias, y no el Poder Legislativo, las encargadas de determinar el lugar donde se construirá el nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en Honduras.
Zambrano explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ya identificó entre tres y cuatro terrenos propiedad del Estado que podrían ser considerados para el proyecto. Los predios deberán ser sometidos a visitas y estudios técnicos para establecer cuál reúne las condiciones más adecuadas.
El proyecto contempla la construcción de una nueva infraestructura penitenciaria destinada a privados de libertad considerados de alta peligrosidad, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno y el Congreso Nacional para fortalecer el sistema de seguridad penitenciaria.
De acuerdo con las autoridades, la Secretaría de Finanzas trabaja en la identificación de los recursos necesarios para ejecutar la obra. La planificación contempla que la construcción pueda comenzar a finales de este año y que la primera etapa esté concluida entre ocho y diez meses después de iniciados los trabajos.
La iniciativa se sustenta en el artículo 6 del Decreto 84-2026, que autoriza las gestiones para la construcción de nuevos centros penitenciarios. El Congreso Nacional aprobó además una moción para respaldar al Ejecutivo y a las instituciones competentes en la búsqueda de financiamiento y la selección del terreno.
Zambrano señaló que el Congreso dará seguimiento al avance del proyecto, pero insistió en que la decisión sobre la ubicación debe corresponder a las instituciones especializadas, tomando en cuenta criterios técnicos y de seguridad.
La propuesta surge en medio de las acciones anunciadas para reforzar la lucha contra las estructuras criminales y ampliar la capacidad del sistema penitenciario hondureño.
