La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló la necesidad de fortalecer el sistema de justicia en Honduras para que los operativos de seguridad contra estructuras criminales tengan resultados sostenibles en los tribunales.
Castellanos sostuvo que el despliegue de las fuerzas de seguridad debe estar acompañado por investigaciones sólidas, fiscales preparados y jueces que actúen con independencia y apego a la ley.
“De nada sirve un despliegue de fuerza intimidante en las calles si los fiscales y jueces fallan después en los tribunales”, expresó la abogada, al referirse a la necesidad de que las acciones contra el crimen organizado culminen en procesos judiciales debidamente sustentados.
La directora del CNA consideró que las investigaciones y acusaciones deben cumplir con los requisitos legales y contar con elementos probatorios suficientes, con el propósito de evitar que los procesos se debiliten debido a errores procesales o actuaciones que no se ajusten al marco jurídico.
Asimismo, planteó la importancia de contar con fiscales especializados, jueces independientes y circuitos judiciales capaces de atender con mayor rapidez y rigurosidad los casos relacionados con estructuras criminales.
Castellanos también se refirió al papel que corresponde al Estado frente a la criminalidad y señaló que el uso de la fuerza debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley.
“La fuerza sin ley es tiranía, y la ley sin fuerza es cobardía”, manifestó en su reflexión.
En ese contexto, la directora del CNA planteó que la respuesta institucional frente al crimen debe mantener un equilibrio entre las acciones de seguridad y el funcionamiento efectivo de las instituciones encargadas de investigar, acusar y juzgar.
Su pronunciamiento ocurre en un contexto de operativos desarrollados por las autoridades de seguridad y justicia contra estructuras señaladas de actividades criminales, en los que el resultado final dependerá también de la solidez de las investigaciones y de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales.
