Un panel de expertos de las Naciones Unidas solicitó la realización de investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por su presunta vinculación con casos de adopciones ilegales de niños indígenas ocurridos en 1982 en el ya clausurado Hogar Temporal Elisa Martínez.
De acuerdo con los señalamientos, Porras se desempeñó como directora y administradora del centro durante siete meses de ese año, período en el que al menos 80 niños indígenas habrían sido internados.
Los expertos advirtieron que estas adopciones pudieron haberse realizado mediante fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos, coacción o falta de consentimiento informado de los padres biológicos, además de posibles beneficios económicos indebidos para intermediarios.
Asimismo, señalaron preocupación porque las madres afectadas no habrían recibido reconocimiento ni reparaciones adecuadas, y cuestionaron que hasta ahora no se haya desarrollado una investigación pronta, independiente e imparcial sobre la posible implicación de autoridades estatales en estos procesos.
Consuelo Porras dirige el Ministerio Público de Guatemala desde mayo de 2018, luego de haber sido nombrada durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales y reelegida posteriormente en 2022.
Su gestión ha sido objeto de fuertes cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. En 2021, Estados Unidos la incluyó en una lista de actores corruptos y antidemocráticos, al acusarla de obstruir investigaciones de corrupción para proteger a aliados políticos y obtener favores indebidos.
Las críticas hacia su administración también aumentaron durante la crisis política y electoral en Guatemala, cuando distintos sectores la señalaron de promover acciones contra jueces, fiscales y actores vinculados a la lucha anticorrupción, así como de obstaculizar procesos democráticos.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, también ha expresado públicamente su rechazo a la continuidad de Porras al frente del Ministerio Público, postura que ha coincidido con observaciones de organismos internacionales sobre el deterioro del estado de derecho en el país.
El nuevo pronunciamiento de Naciones Unidas vuelve a colocar a Consuelo Porras en el centro de la atención internacional y reabre el debate sobre la transparencia institucional, la rendición de cuentas y la necesidad de garantizar justicia a las víctimas de adopciones irregulares en Centroamérica.
