Tegucigalpa.- El diputado disidente del partido Libre, Jorge Cálix, anunció este lunes que demandará al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el ‘golpe’ al Poder Legislativo que lo apartó de la presidencia del Congreso Nacional en 2022.
«Voy a demandar al Estado de Honduras por el golpe al Legislativo del cual fui víctima, por la intromisión de un poder del Estado en los asuntos de otro», declaró Cálix en un programa de un medio televisivo nacional.
El precandidato presidencial dijo que el 25 de enero de 2022 se cometió un hecho ilegal cuando fue bajado «a patadas» del Congreso en la polémica elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2026 durante el Gobierno de Xiomara Castro.
Cálix manifestó que hubo «intromisión evidente de otro poder del Estado al poder Legislativo y se cometió una violación flagrante a la Constitución de la República y sus leyes».
Hechos legislativos
Con esto, Cálix hace referencia al Poder Ejecutivo que, a través de la presidenta Xiomara Castro, apoyaba al diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), para presidir el Congreso Nacional, como parte de un acuerdo con ese ente político con el que Libre hizo una alianza que la llevó al poder del país.
En la sesión preparatoria del Congreso Nacional celebrada el 21 de enero de 2022, un grupo de 20 diputados de Libre junto a los 44 del Partido Nacional y 22 del Partido Liberal decidieron respaldar a Jorge Cálix y no a Luis Redondo como presidente del Congreso.
Jorge Cálix fue ratificado como titular del Legislativo el 23 de enero en una sesión celebrada en Bosques de Zambrano, Distrito Central. Sin embargo, paralelamente en el hemiciclo, el congresista Luis Redondo también fue juramentado por 48 diputados, lo que generó una crisis en ese poder hondureño.
La polémica llegó a su fin el 7 de febrero de 2022, después de que Cálix dejara a un lado sus pretensiones de dirigir el Congreso Nacional, luego de arreglos políticos con el coordinador de Libre, el expresidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales.
La denuncia
Dos años después de este hecho, Cálix anunció que agotará las instancias nacionales y luego acudirá a la CIDH porque se violentó su derecho de presidir el Poder Legislativo.
«En 10 años o más habrá un fallo de la CIDH, así como lo hubo por la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Juan Orlando Hernández», expuso.
La CIDH dictaminó el 1 de abril la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la CSJ en 2012.
El fallo emitido bajo el caso «Gutiérrez Navas y otros versus Honduras» ordena a Honduras pagar una indemnización a los magistrados José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.
