Tegucigalpa.- Con satisfacción recibe la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la notificación de Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional ZEDEs, expresó este viernes el rector de la máxima casa de estudios Odir Fernández.
El rector expresó su satisfacción tras recibir la notificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, a través de la Sala de lo Constitucional, en la que se declara inconstitucional la ley que regula las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDEs).
Según Fernández, esta decisión confirma la postura sostenida por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde un inicio, en la que se argumentaba que la ley de las ZEDEs contravenía la Constitución, especialmente en lo estipulado en el artículo 160.
La ley de las ZEDEs, particularmente en su artículo 34, otorgaba a estas zonas la capacidad de organizar, dirigir y desarrollar su propia educación superior, lo que Fernández señala como un intento de apartarse de las disposiciones constitucionales que facultan exclusivamente a la UNAH para esas funciones.
«La Universidad siempre sostuvo que la ley de las ZEDEs era completamente inconstitucional, y hoy la Sala de lo Constitucional hoy confirma esa postura», declaró Fernández.
El abogado destacó que este fallo es uno de los pocos recursos de inconstitucionalidad interpuestos que ha prosperado en favor de la UNAH.
También mencionó que la universidad enfrentó desafíos presupuestarios y malestar con las autoridades en ese tiempo debido a su oposición a las ZEDEs. A pesar de estos obstáculos, la UNAH ha mantenido su compromiso con las disposiciones constitucionales, en particular con el artículo 160, que reafirma su papel como la única institución en el país con la autoridad para dirigir, organizar y desarrollar la educación superior.
Fernández concluyó que la resolución de la Corte Suprema permitirá a la UNAH analizar más a fondo las implicaciones de la ley y las reformas constitucionales relacionadas, así como evaluar la posibilidad de que dichas reformas también contravengan la Constitución.
