El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció nuevas medidas para fortalecer la estrategia de seguridad del Estado frente a las estructuras criminales declaradas terroristas, maras y pandillas.
Entre las acciones planteadas se encuentra la depuración de operadores de justicia, con el objetivo de fortalecer las instituciones encargadas de investigar, procesar y juzgar delitos relacionados con el crimen organizado. Zambrano también ha señalado la necesidad de establecer mecanismos de protección para jueces y demás funcionarios que participen en estos procesos.
En el ámbito penitenciario, las reformas aprobadas por el Congreso Nacional establecen un régimen especial de reclusión para personas identificadas como integrantes de asociaciones terroristas, maras y pandillas. Este contempla aislamiento individual en módulos de máxima seguridad, restricciones a las visitas y controles sobre las comunicaciones.
Las disposiciones también limitan el acceso a teléfonos, computadoras y otros dispositivos de comunicación. Las llamadas telefónicas deberán ser supervisadas y tendrán una duración máxima de 10 minutos, mientras que el derecho a utilizar el patio o salir al sol quedará limitado a una hora semanal bajo vigilancia.
Zambrano además planteó la reubicación de privados de libertad de alta peligrosidad y la habilitación o construcción de nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad, con el propósito de evitar que las estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.
Las medidas forman parte de un paquete de reformas que incluye cambios al Código Procesal Penal y la creación de circuitos judiciales especializados para conocer procesos relacionados con terrorismo y organizaciones criminales. Asimismo, se aprobó el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen, encargada de coordinar acciones entre las instituciones de seguridad y justicia.
El Congreso Nacional aprobó el 22 de septiembre la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, que establece nuevas disposiciones para el sistema penitenciario y las instituciones de seguridad.
