El vicecanciller Gerardo Torres afirmó este miércoles que los acuerdos políticos deben construirse en beneficio del país y no para favorecer la impunidad de actores señalados por corrupción u otros delitos.
Las declaraciones surgen tras el reciente consenso alcanzado por los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes aprobaron una reforma al flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un punto de alta tensión política en los últimos días.
“Yo creo que el acuerdo político se constituye con la voluntad de las diferentes partes y por el bienestar colectivo. Debe ser la aspiración de cualquier político en este país. Los acuerdos políticos no deben servir para generar impunidad”, expresó Torres.
El también dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre) sostuvo que si algún funcionario incurre en corrupción o abuso de autoridad, debe enfrentar la justicia sin importar su afiliación política. “El hecho de querer negociar política por impunidad es una cosa que el país no puede permitir”, añadió.
En ese sentido, mencionó el caso del diputado nacionalista Nelson Márquez, quien enfrenta señalamientos. “Si él demuestra su inocencia, ojalá pueda salir libre, pero si cometió actos ilegales, debe asumir su responsabilidad. Lo mismo aplicamos cuando se trata de alguien de nuestro partido”, sostuvo.
No obstante, en medio de este discurso, persisten cuestionamientos sobre la coherencia del oficialismo. En la actualidad, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar —militante de Libre—, sigue recibiendo salario aunque se le concedió un permiso para resolver su vinculación en un escándalo relacionado con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde ha sido señalada por presunta corrupción.
Mientras tanto, José Carlos Cardona, quien era titular de Sedesol cuando ocurrieron los hechos bajo investigación, fue separado del cargo. El fiscal general Johel Zelaya ha confirmado que el caso sigue en proceso de investigación.
El tema de los acuerdos políticos en Honduras continúa siendo objeto de debate, particularmente en un clima preelectoral donde la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias crecientes por parte de la ciudadanía.
