«Vamos a ejercer soberanía en Islas del Cisne» y eso molesta a Estados Unidos y otros sectores, señala titular de Sedesol

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Tegucigalpa, Honduras – El ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, declaró que la «molestia» expresada por Estados Unidos y otros sectores en torno a la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne se debe a que Honduras está ejerciendo su soberanía sobre este territorio insular.

Según Cardona, esta iniciativa ha generado oposición tanto a nivel internacional como local, debido a la decisión del gobierno de avanzar con este proyecto.

El ministro defendió la construcción de la prisión en las Islas del Cisne, señalando que la Penitenciaría Nacional de Támara en Francisco Morazán enfrenta graves problemas de seguridad, como la presencia de antenas y túneles usados por delincuentes.

«Los delincuentes en Honduras son astutos, esa gente es larga, entonces hay que mandarlos lejos», justificó Cardona, indicando que se utilizarán ocho hectáreas de las islas para este fin.

Cardona resaltó que la construcción de la cárcel es una decisión soberana y acusó a la oposición de intentar «afectar al Gobierno» con sus críticas. «Su lógica es atacar las decisiones del Gobierno, pero hay que hacerlas ya», enfatizó, mostrando su determinación de avanzar con el proyecto.

El ministro también se refirió a los costos de mantener la cárcel en las Islas del Cisne, admitiendo que el transporte de suministros podría ser más caro, pero que los gastos de mantenimiento serían similares a los de una prisión en tierra firme. Explicó que la logística se definiría en el diseño final, permitiendo el envío de alimentos y suministros en embarcaciones dos o tres veces al año.

Cardona reiteró que la reacción negativa de Estados Unidos y otros actores se debe a su descontento con el hecho de que Honduras está ejerciendo su soberanía en un territorio que, según él, había sido «abandonado» y donde el país «nunca hemos tenido presencia».

No obstante, sectores políticos, ambientalistas y representantes de la sociedad civil han expresado su preocupación por el impacto ambiental que la construcción de la cárcel podría tener en el delicado ecosistema de las Islas del Cisne, situadas en el Caribe hondureño.