Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), exigió al Congreso Nacional (CN) la eliminación de otras normativas que “han facilitado el camino a la corrupción y dan ventaja a diputados”, la petición la realiza luego de que el Legislativo aprobara derogar decretos denominados “pactos de impunidad”.
“Desde esta instancia de sociedad civil, exigimos se eliminen otras normativas que han facilitado el camino para la corrupción, como los decretos 116-2019 y 117-2019 que dan ventaja y blindan a las y los parlamentarios”, dice el escrito.
Durante la sesión ordinaria del miércoles, el Hemiciclo aprobó derogar y reformar por adición los decretos 57-2020 y 93-2021, sin embargo, el CNA también exige la eliminación de dos normativas más, puesto que, consideraron que son mecanismos legales que han permitido generar herramientas de impunidad en favor de redes criminales y de corrupción.
En consecuencia, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), mencionó en el año 2022 que el decreto 116-2019 “legaliza la administración de fondos departamentales” que, según la normativa deben utilizarse para proyectos de orden social, comunitario, infraestructura y programas sociales.
Pero, “tradicionalmente han sido asignados y ejecutados por los diputados del CN, en propaganda política y para satisfacer las necesidades del clientelismo político”.
Mientras que el decreto 117-2019 “incorpora inmunidad a la función parlamentaria”, disponiendo que “cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa”.
Esta reforma, detalló Cespad “surgió en el marco de la acusación presentada, el 24 de mayo de 2018, por el Ministerio Público, por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delito contra la forma de gobierno contra los diputados José Tomás Zambrano Molina y Román Villeda Aguilar, al incorporar contenido no leído, ni discutido ni aprobado en la sesión del Pleno del Congreso Nacional, en relación al Decreto 141-2017”.
En ese contexto, el CNA, por medio del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), elaboró en febrero de 2022, un análisis jurídico, sobre la importancia de derogar el decreto 57-2020, 93-2021 y 116-2019, y fueron remitidos al Congreso Nacional.
