Tegucigalpa.- La aprobación del decreto de amnistía política de parte del Congreso Nacional es ilegal, es inconstitucional por forma, ya que fue promovido por el diputado y vicepresidente del Poder Legislativo, Rasel Tomé, quien tiene una condena en firme y en ejecución, de acuerdo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y por lo cual varios juristas piden a la Sala Constitucional que acelere el fallo sobre una petición hecha.
La misma Sala Penal, junto a otras personas, pidió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional el decreto 04-2022, conocido popularmente como de Amnistía Política o Pacto de Impunidad 2.
De acuerdo a la Sala Penal, la sentencia contra Tomé por abuso de autoridad tiene como efecto la suspensión de la ciudadanía conforme a la Constitución y por lo cual queda inhabilitado para ejercer cargos públicos.
En ese sentido, los magistrados de la Sala Penal concluyeron que existe conflicto de interés, ya que el diputado Tomé, que presentó la iniciativa, le podría beneficiar el decreto que impulsó para su aprobación.
Acelerar fallo
Al respecto, varios juristas de Honduras pidieron este lunes dar celeridad al recurso interpuesto por los tres magistrados de la Sala Penal contra la amnistía política en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Lo importante es que la Sala de los Constitucional resuelva en el menor tiempo posible para que salgamos de esa incertidumbre y se promueva la seguridad jurídica”, manifestó el coordinador de Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, Mario Díaz.
Reflexionó que con un pronunciamiento oportuno los jueces sabrán a qué atenerse al momento de aplicar el decreto de amnistía.
A criterio de la Sala Penal, la amnistía política vulnera la Constitución de la República y genera impunidad, según el recurso promovido por los magistrados de esa Sala, recogen versiones de prensa.
«En un recurso de inconstitucionalidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyó que el decreto legislativo 04-2022, o amnistía política, contraviene y vulnera la Constitución de la República y promueve la impunidad en el país», dice el recurso promovido por los magistrados de la Sala Penal, José Olivio Rodríguez, Alma Consuelo Guzmán y Rafael Bustillo Romero.
Cabe señalar que la amnistía política aprobada por el actual Congreso Nacional de la República no solo ha dado cartas de libertad a presos políticos, sino también a exfuncionarios acusados de delitos de corrupción en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Existe un conflicto de interés donde políticos se otorgan un auto perdón, reflexionó el analista político Raúl Pineda.
A criterio de este jurista se han atropellado facultades constitucionales que competen exclusivamente al Poder Judicial.
De su lado, Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia, razonó que la amnistía política es un adicional a todos los problemas que enfrenta el país.
“Esperamos que el Congreso Nacional, poniendo por delante los intereses del país, pueda hacer las reformas y los cambios que Honduras requiere”, apuntó.
El proceso de creación del decreto 04-2022 violenta el artículo 231 de la Constitución de la República, referente a quienes tienen la facultad constitucional de iniciativa de ley, aduce la Sala Penal.
