Sala de lo Constitucional de la CSJ admite un recurso de amparo que podría revivir el caso Pandora

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Tegucigalpa.– El caso Pandora, que implicó a varias decenas de personajes políticos en la sustracción de fondos, podría revivirse luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera un recurso de amparo presentado hace unos años.

Así lo informó la abogada Kenia Oliva, quien representa a organizaciones campesinas que fueron perjudicadas por la no ejecución de 282 millones 016 mil 175lempiras y que en su lugar fueron utilizados con fines políticos.

La profesional del derecho informó que la Sala de lo Constitucional admitió un amparo a favor de grupos campesinos que dejaron de recibir millonarios recursos de las armas públicas para ser invertidos en proyectos de desarrollo de las comunidades

Dijo que los amparos fueron presentados en 2020 por Codinca (3), CNTC (1), al igual que otro que fue presentado por el Ministerio Público por un sobreseimiento que otorgó la Corte de Apelaciones de la CSJ a favor de los imputados en el caso Pandora.

“Pedimos a la Sala que revisara esa decisión de la Corte de otorgar sobreseimientos definitivos sin haber valorados las pruebas y sin tomar en cuenta los argumentos, es decir que fue una resolución que no estuvo motivada y por lo tanto favorecía a los acusados y en su lagar dejaba desprotegidos a los campesinos que dejaron de recibir este dinero”, explicó.

Mencionó que la nueva Sala de lo Constitucional valoró los argumentos presentados en el recurso de amparo presentado hace unos años.

Los imputados fueron acusados por malversación de caudales públicos en contra de la economía del Estado.

Manifestó que si el recurso de amparo se resuelve “con lugar” significa que se deja sin valor ni efecto la resolución de la Corte de Apelaciones, es decir las cartas de libertad que se les extendieron a los imputados y el proceso penal puede seguir su curso.

Relación de hechos

El Caso Pandora involucró a altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de lempiras.

Los hechos fueron denunciados por un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas, más la auditoria especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Durante las investigaciones, el MP encontró indicios que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón; el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.

Los fondos habrían sido destinados a financiar campañas políticas en 2013 y otros gastos personales de los implicados por un monto exacto de 282 millones 016 mil 175lempiras.

Los recursos provenían de la SAG y de la Secretaría de Finanzas.

Para tal fin fueron utilizadas las fdndaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales les otorgaron los fondos para supuestamente desarrollar dichos proyectos, pero que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, Partido Frente Amplio (Faper) y Partido Liberal.

 Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), figuran parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras.