Washington.- En una rueda de prensa telefónica, el Secretario Adjunto Principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zuñiga, dijo que la mayor parte del comercio del oro nicaragüense proviene de las exportaciones de EE.UU., que aportan unas ganancias de unos 750 millones de dólares al año.
«Es un mercado que más o menos mueve 1.000 millones de dólares al año y tres cuartos de esos involucra exportaciones a EE.UU.», acotó el funcionario.
Zuñiga afirmó que han decidido sancionar a los gestores del sector aurífero porque «beneficiaba directamente al régimen de una forma preocupante».
Con la orden ejecutiva, el Gobierno estadounidense analizará «otros elementos» de su relación comercial con Nicaragua, adelantó el responsable estadounidense, quien no dio más detalles sobre a qué sectores afectará.
El Tesoro estadounidense acusa a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para «oprimir al pueblo nicaragüense», e incluso «apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia».
Por su parte, Cerna es considerado «un confidente cercano» de Ortega, involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980, aseguró el Tesoro.
Cerna, que ha sido sancionado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua, estuvo presuntamente implicado en el asesinato en 1979 del coronel Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del dictador nicaragüense Anastasio Somoza (1974-1979).
Como fruto de las sanciones del Tesoro, quedan bloqueadas todas las propiedades y cualquier transacción bajo ley estadounidense de la Dirección General de Minas y de Cerna.
La orden ejecutiva firmada por Biden otorga además al Tesoro autoridad para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro en Nicaragua y para prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense.
El subsecretario del Tesoro sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, arremetió en un comunicado contra «los reiterados ataques del régimen (de Nicaragua) contra la democracia y contra miembros de la sociedad civil, así como la injustificada detención de presos políticos».
Con las nuevas disposiciones, Estados Unidos «puede usar y usará todas las herramientas para negar al régimen los recursos que necesita para seguir socavando las instituciones democráticas», dijo. EFE
