Tegucigalpa.- El Ministerio Público presentó este miércoles 19 de enero un requerimiento fiscal contra una supuesta estructura de 40 personas que se habrían confabulado para desviar 96.9 millones de lempiras del Programa de Asignación Familiar (Praf), entre 2010 y 2014.
Los acusados de este nuevo desfalco en perjuicio del Estado de Honduras son Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto a otras 37 personas, entre exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG.
Según la Fiscalía, los imputados están siendo acusados de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo a las investigaciones, estas personas se habrían confabulado para defraudar al pueblo hondureño 96 millones 976 mil 218.21 lempiras, a través de contratos para evadir los procesos de licitación.
Además el MP afirma que los acusados justificaron con informes falsos capacitaciones que nunca se llevaron a cabo.
En ese sentido, el esquema de corrupción en el PRAF incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG’s sin capacidad técnica, utilizando ‘empresas de relleno’.
La Fiscalía concluyó afirmando que los imputados privaron a miles de jóvenes y mujeres hondureñas de oportunidades para desarrollar capacidades técnicas para emprender su propio negocio.
Este martes a las 10:00 a. m. serán presentados varios de los acusados en audiencia de declaración de imputado en los Juzgados de Corrupción, y se dará a conocer las medidas cautelares y medidas de descargo a personas que ‘no tienen nada que ver’, según detalló el abogado Jaime Rodríguez.
