Tegucigalpa.- Las reformas aprobadas en el Congreso Nacional endurecen el combate contra la extorsión y ponen bajo mayor presión a quienes participan en estas estructuras criminales.
Con las nuevas disposiciones, las empresas de telecomunicaciones deberán proporcionar información solicitada por las autoridades en un plazo máximo de 24 horas, mientras que las instituciones bancarias tendrán hasta 10 días para responder requerimientos judiciales.
La normativa también incrementa las penas por extorsión hasta los 20 años de cárcel y contempla prisión perpetua cuando la víctima fallezca como consecuencia del delito. Además, elimina beneficios legales para las personas acusadas de participar en estas redes criminales.
Según la Comisión de Seguridad del Congreso, las reformas permitirán perseguir a todos los involucrados en la cadena del delito, “desde quien envía el mensaje hasta quien presta una cuenta bancaria para mover el dinero”.
