El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, advirtió en cadena nacional que a partir de ahora «se aplicará con rigor la ley» contra los diputados -de oposición- que no asistan a las sesiones del pleno.
Al inicio de su disertación, Redondo comenzó citando varios artículos, entre ellos, el artículo 197 de la Constitución de la República y el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establecen la posibilidad de perder la condición de diputado por inasistencia injustificada.
Al mismo tiempo, Redondo recordó que los diputados suplentes están obligados a estar presentes y pueden ser llamados para garantizar el quórum.
Ahondado a lo anterior, el titular del Legislativo hondureño planteó tres escenarios, uno en el que no llega el diputado propietario entonces es suplantado por el diputado suplente.
En otro escenario dijo que si no llega o presenta el diputado propietario y suplente, será suplantado por otro diputado suplente de la misma bancada.
Y en un tercer escenario, trazó que si no se presenta ni el diputado propietario, ni el suplente y no hay diputados suplentes de la misma bancada, es atribución del presidente del Poder Legislativo nombrar diputados suplentes de cualquier bancada.
En ese sentido, garantizó que el quórum o mayoría simple, es decir 65 diputados, no será roto. Además, acusó que los diputados de la oposición buscan romper el quórum y con ello que no se aprueben decretos en favor de la población.
Acotó que es obligación de los diputados estar presentes en todas las reuniones del pleno del Congreso Nacional.
«Le garantizo al pueblo hondureño que en aplicación de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica vamos a impedir que se rompa el quórum y aprobaremos los proyectos de interés para todo el pueblo de Honduras», declaró.
Aprobación de actas
El presidente del CN denunció una campaña mediática de difamación de las actas del Congreso Nacional para que «no salgan a la luz los abusos y excesos» de las administraciones anteriores.
Ante ello, señaló que en el pasado se había normalizado la práctica de modificar, reformar y alterar el decreto ya aprobado en el momento de aprobación del acta de la sesión.
«Nosotros hemos corregido esta situación. No es cierto que primero se deba aprobar el acta para que un decreto ya votado sea enviado a sanción», puntualizó.
