Tegucigalpa – Nuevas evidencias revelan que la Policía Nacional de Honduras podría haber facilitado armas y municiones en la masacre de 46 mujeres en la cárcel de máxima seguridad de Támara, ocurrida en junio de 2023.
Un informe preliminar indica que el 96% de los casquillos encontrados en la escena del crimen corresponden a munición asignada a la Policía Nacional. Además, testimonios obtenidos en la investigación señalan que agentes habrían permitido el ingreso de armas y gasolina utilizadas en el ataque.
El Ministerio Público condenó a 15 pandilleras del Barrio 18 como autoras materiales del crimen y solicitó penas de hasta 1,200 años de prisión. Sin embargo, informes internos y fotografías de la escena sugieren una posible complicidad policial en la planificación y ejecución de la matanza.
Autoridades penitenciarias y fuentes policiales sostienen que la masacre fue orquestada por líderes del Barrio 18 para desestabilizar el sistema carcelario, en represalia por requisas en otras prisiones. Investigaciones señalan que la agente penitenciaria Marlen Sobeyda Ariano López habría colaborado con los pandilleros al ingresar armas al penal.
A pesar de estas pruebas, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, quien dirigía la Policía en el momento de la masacre, ha restado importancia a estos hallazgos y ha dado por cerrado el caso. Mientras tanto, la participación de funcionarios estatales en el crimen sigue generando dudas sobre la profundidad de la impunidad en Honduras.
