Tegucigalpa, 28 sep (EFE).- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció este lunes su exclusión ilegal en un caso de otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.
Se trata del caso denominado «Fraude sobre el Gualcarque», por el que en 2019 fueron acusadas 16 personas, entre ellas el exviceministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano.
«El Copinh está siendo excluido ilegalmente del caso Fraude sobre el Gualcarque contra 16 funcionarios públicos imputados de haber cometido crímenes para facilitar la operación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca en beneficio de sus dueños, la familia Atala Zablah», añadió.
La organización que lideraba Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de la ciudad de La Esperanza, y la comunidad de Río Blanco «fuimos excluidos de manera ilegal y arbitraria del caso» por la Corte de Apelaciones en materia de Corrupción.
Esa acción niega «el derecho de participar a las víctimas directas de los crímenes cometidos para instaurar el proyecto Agua Zarca» y, además, «viola el derecho a la justicia, a la verdad y el debido proceso para las víctimas», subrayó el Copinh.
La empresa Desarrollos Energéticos (DESA) impulsaba la construcción en territorio de la etnia Lenca de Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medioambiente.
VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTIC IA
El Copinh presentó un recurso de amparo en noviembre de 2019 para garantizar los derechos de las víctimas; Sin embargo, hasta la fecha «no hay respuesta».
«La continuación del juicio del caso de Fraude sin la participación directa de las víctimas constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, amparado en las leyes nacionales e internacionales», agregó.
Berta Cáceres fue asesinada pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.
«Las comunidades y organizaciones sociales víctimas de graves crímenes tenemos el derecho a participar directamente de todos los procesos judiciales, a levantar nuestra voz y ser partícipes directas de la exigencia de justicia», destacó la organización indígena.
David y Carolina Castillo, quienes tenían vínculos con la empresa estatal de energía, utilizaron información del Estado para la «»instauración de la empresa DESA y el proyecto Agua Zarca», aprobado de «manera ilegal» por funcionarios de la Enee y las Secretaría de Recursos Naturales, agregó.
AUTOR INTELECTUAL DE CRIMEN SEGUIRÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA
David Castillo es un alto ejecutivo de DESA acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato en Berta Cáceres y permanece en prisión desde marzo de 2018 El Tribunal de Sentencia Nacional declaró hoy «sin lugar» la solicitud de cambio de medidas de prisión preventiva a Castillo.
«Por el principio de legalidad (al Tribunal) le imposibilita no observar los retrasos de la defensa técnica de Castillo en este proceso», indicó el poder Judicial de Honduras.
El Copinh solicitó que se le permita la participación directa en el caso Fraude sobre el Gualcarque y se juzguen a todos los responsables de los crímenes contra la ambientalista, la comunidad de Río Blanco por la imposición del proyecto Agua Zarca.
La organización hondureña instó a la comunidad internacional a «dar un seguimiento de cerca» al caso de corrupción y a los relacionados al asesinato de Berta Cáceres para «exigir al Estado de Honduras que se garantice la justicia». EFE
