San Salvador.- El obispo castrense de El Salvador y exmediador en una polémica tregua entre las pandillas (2012-2014), Fabio Colindres, declarará la próxima semana en el juicio que se desarrolla contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes y uno de sus exministros por los delitos que supuestamente cometieron al respaldar dicho pacto.
El abogado Manuel Chacón, defensor del general retirado David Munguía Payés, exministro de Seguridad, señaló este viernes a periodistas que el martes 2 de mayo comenzarán a declarar los testigos propuestos por la Fiscalía y la defensa.
Indicó que son «alrededor de 40 testigos», que la defensa «tiene entre 7 y 8 testigos» y añadió que «también hay testigos comunes propuestos por la Fiscalía y la defensa».
Colindres, uno de los testigos, declaró en agosto de 2017 que el armisticio se dio por «invitación» del Gobierno y no por iniciativa de las pandillas o de la sociedad civil.
La declaración del religioso fue presentada durante un juicio en 2017 contra 18 personas, entre ellos mandos policiales, exdirectores de cárceles y un mediador, por los beneficios que recibieron los pandilleros encarcelados durante la tregua.
Una corte de El Salvador instaló el miércoles un juicio penal contra el expresidente Funes (2009-2014) y Munguía Payés, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, son acusados de «negociar con pandillas y otorgarles beneficios».
Los delitos atribuidos a Funes son agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, mientras que Munguía Payés, además de esos dos cargos, es acusado también de actos arbitrarios.
Funes, que gobernó bajo la bandera de la exguerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se encuentra en Nicaragua y enfrenta el proceso penal en calidad de ausente, tras una reforma legal que permite que una persona sea juzgada aunque no esté presente.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por la Administración de Funes.
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.
No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de «pacificación». EFE
