Tegucigalpa.- En la Audiencia de Individualización de la Pena, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción imponga ocho años con ocho meses cómo pena máxima de cárcel para Marco Bográn por el delito de fraude más el pago de una multa por 118 millones 188 mil lempiras.
Asimismo, la defensa de Bográn pidió la pena mínima de cinco años.
Mientras que, en el caso particular de Alex Moraes condenado por Violación a los Deberes de los Funcionarios, la Fiscalía solicitó siete años con seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
Igualmente, la defensa de Moraes pidió la pena mínima en el caso.
Lectura de Sentencia quedó programada para el 23 de febrero a las 9:00 de la mañana.
Los imputados son acusados por la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19.
El Ministerio Público aportó 32 medios de prueba (25 son documentales, cuatro periciales, dos incidentales y una declaración testifical).
Los otros cinco involucrados prófugos de la justicia en este caso son: el contador general de Invest-H, Carlos Luis Guevara Mondragón; la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero.
De acuerdo a lo establecido en el requerimiento fiscal, entre los meses de abril y mayo de 2020, Honduras se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Los cuatro exfuncionarios de Invest-H se confabularon con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.
Además, el ente acusador descubrió que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero.
Una vez que Invest-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras, luego por un valor superior 39 millones 396 mil lempiras, siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. 37 millones 989 lempiras.
Fuente: Proceso Digital
