Nueva York, EE.UU. – Midence Oquelí Martínez Turcios, exdiputado hondureño del Partido Liberal y extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable el pasado 9 de agosto de cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York, en un caso que podría comprometer a figuras políticas de alto perfil en Honduras, incluidos familiares de la actual presidenta Xiomara Castro.
La fiscalía estadounidense sostiene que el exdiputado conspiró para introducir cocaína en territorio estadounidense, además de estar involucrado en al menos seis homicidios relacionados con actividades delictivas.
Martínez Turcios ha sido señalado como uno de los contactos cercanos de la organización criminal “Los Cachiros”, una de las principales redes de narcotráfico en Honduras que mantuvo una alianza con figuras políticas de varios partidos. La relación entre el narcotráfico y la política hondureña es un asunto que ha emergido en juicios estadounidenses, donde incluso el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado por tráfico de drogas en marzo de 2024.
Según los fiscales de Nueva York, el exdiputado Martínez Turcios era pieza clave en las operaciones de Los Cachiros y habría recibido apoyo político para facilitar sus actividades ilegales.
Documentos judiciales revelan que Los Cachiros presionaron para que Martínez Turcios fuera designado ministro de seguridad durante el gobierno de Manuel “Mel” Zelaya, esposo de la actual presidenta Castro. En un informe de 2008, el entonces embajador de EE.UU. en Honduras, Charles E. Ford, alertó sobre la influencia del narcotráfico en el entorno de Zelaya, señalando que la cercanía del expresidente con personas vinculadas al crimen organizado representaba un riesgo de seguridad para información delicada de EE.UU.
Estas afirmaciones, más tarde confirmadas por investigaciones estadounidenses, sugieren una conexión continua entre líderes del narco y figuras políticas de Honduras.
En el juicio de Juan Orlando Hernández, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como «El Cachiro», reveló la existencia de sobornos a varios políticos hondureños de ambos partidos, entre ellos, Carlos Zelaya, hermano del expresidente y cuñado de la presidenta Castro.
Rivera Maradiaga, testigo clave en el caso, afirmó que sobornos por más de $100,000 fueron pagados a políticos como Zelaya para mantener sus operaciones.
Este proceso judicial podría aportar nueva información que refuerce la relación entre narcotráfico y la política en Honduras, siendo Martínez Turcios una figura dispuesta a colaborar con la justicia a cambio de una posible reducción de sentencia. La audiencia de sentencia de Martínez Turcios, inicialmente prevista para noviembre de 2024, ha sido pospuesta para marzo de 2025. Durante este tiempo, se espera que los fiscales de Nueva York presenten pruebas adicionales que permitan al juez tomar una decisión definitiva respecto a su sentencia.
Este caso añade presión al gobierno de Castro, en un contexto en el que Honduras enfrenta crecientes señalamientos de ser un narcoestado donde la política y el narcotráfico están estrechamente entrelazados.
