Tegucigalpa.- El juicio contra Hernández, que fue por casi una década el hombre más poderoso de Honduras, duró tres semanas y es el último de una serie de casos contra narcotraficantes y altos funcionarios hondureños que han dejado claro que la connivencia con el crimen organizado transnacional no ha sido una excepción sino la norma en la política del país centroamericano.
Los testigos que desfilaron en esos días por una Corte en Manhattan no sólo afirmaron que Juan Orlando Hernández aceptó millones de dólares de los narcos, sino que también destacados miembros de los partidos políticos mayoritarios de Honduras recibieron sobornos durante sucesivas administraciones.
Tras la condena del expresidente hondureño, el fiscal estadounidense Damian Williams expresó su esperanza de que el juicio ‘envíe a todos los políticos corruptos [en Centroamérica] que consideren un camino similar un mensaje: elijan otra manera’. Las reacciones públicas de la élite política hondureña al veredicto del viernes hacen pensar, en cambio, que no se producirá un cambio de paradigma.
Durante sus ocho años de mandato, Honduras se convirtió en el país más peligroso del mundo para activistas y defensores ambientales, cooptó la Corte Suprema de Justicia para que permitiera su reelección pese a una prohibición constitucional y aun así requirió de un fraude electoral para renovar mandato a finales de 2017.
Estados Unidos, pese a que la DEA ya investigaba su participación en el narcotráfico, respaldó los dos gobiernos de Hernández y mantuvo los lazos de cooperación.
En el centro de la acusación no solo estaba Hernández sino el Partido Nacional, histórica fuerza conservadora en Honduras en la que el expresidente ha sido hombre fuerte desde que se convirtió en legislador por primera vez en 1998. El testigo clave de la acusación fue, de hecho, un exalcalde del Partido Nacional, Alexander Ardón, famoso entre otras cosas porque durante su gestión al frente de El Paraíso, Copán, instaló en el techo del palacio municipal un helipuerto. Ardón se entregó a la DEA en marzo de 2019 tras ser acusado de narcotráfico y se declaró culpable.
No fue hasta que Ardón comenzó a cooperar que los fiscales se dieron cuenta de que no solo tenían un caso contra Tony, sino también contra Juan Orlando, quien había sido, desde al menos 2013, sospechoso de ser cómplice de narcotraficantes.
En los juicios contra ambos hermanos Ardón relató, con notable coherencia, cómo él y otros, incluido el tristemente célebre exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entregaron millones de dólares en sobornos a Juan Orlando.
Pero el testigo más esperado por muchos era Fabio Lobo, hijo del padrino político de Hernández y su predecesor en la presidencia, Porfirio ‘Pepe’ Lobo. Fabio fue detenido por narcotráfico en 2015 en Haití, tras verse atrapado en una operación encubierta de la DEA. Una vez en Estados Unidos, se declaró culpable y fue condenado a 24 años de prisión.
Fabio fue una incorporación tardía de la fiscalía y nunca antes había actuado como testigo colaborador. En una entrevista concedida antes de que entablara negociaciones con las autoridades estadounidenses para convertirse en testigo contra Hernández, Fabio defendió a su padre de las acusaciones de que había aceptado también sobornos de los narcos. Pero cuando subió al estrado, contó otro cuento.
Con sus cuatro síes, Fabio quemó a su propio padre –ahora un político y empresario retirado en Honduras– y fortaleció el caso de la fiscalía contra Hernández. Tras escuchar que las acusaciones contra Pepe eran ciertas y que el expresidente Lobo conocía la relación de su hijo con el clan de los Cachiros, para el jurado fue más fácil concluir que las acusaciones contra su sucesor en el poder, Juan Orlando, también eran ciertas. Cómo creer que el hombre más poderoso del país no estaba enterado de los negocios en qué andaba metido su hermano Tony, previamente condenado.
Como ya sucedió en juicios similares, los testigos afirmaron bajo juramento que pagaron sobornos a miembros de los tres principales partidos políticos de Honduras. Uno de ellos es Carlos Zelaya, actual secretario del Congreso y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, del Partido Libre.
“En Honduras es común que los políticos acepten sobornos relacionados con la droga y luego lo nieguen”, dijo Devis Rivera Maradiaga durante el octavo día del juicio contra Hernández. “¿Sobornaste a Carlos Zelaya, del partido Libre?”, le preguntó Raymond Colón, uno de los uno de los abogados defensores de Hernández. “Sí, entre 100,000 y 200,000 dólares”, respondió Rivera.
Carlos Zelaya ya había sido vinculado anteriormente con el uso de una pista de aterrizaje para el tráfico de drogas durante una vista celebrada en 2017 para ayudar a determinar la sentencia contra Fabio Lobo. En la entrevista publicada por El Faro al inicio del juicio, Fabio amplió esa acusación, afirmando que otros narcos le habían hablado de la participación de Zelaya en el uso de al menos dos pistas de aterrizaje para recibir aviones cargados de cocaína.
En un comunicado tras el veredicto, la presidenta Castro dijo que una ‘élite gánster’ había tomado el poder en Honduras bajo el mando de Hernández y que es ‘imperativo desmantelar la organización criminal que sigue operando y que fue montada por los cabecillas condenados en el extranjero’. En su comunicado, Castro se refiere al gobierno de Hernández como una ‘narcodictadura’ y califica la sentencia como prueba del ‘fracaso del sistema de justicia hondureño y de su complicidad con el crimen organizado’.
Castro, sin embargo, pasó por alto el hecho de que uno de los mismos testigos que declaró contra Hernández en Manhattan dijo en un juicio anterior que pagó sobornos no sólo a su cuñado, sino también a su esposo cuando éste corrió por la presidencia en 2005.
En el último año, las dos fuerzas políticas más importantes de Honduras, el Partido Nacional y el Partido Libre, chocaron en los procesos de elección de una nueva Corte Suprema y un nuevo fiscal general. Si bien al final se alcanzaron acuerdos mínimos, la desconfianza sobre la posible politización del sistema de Justicia persiste, y la negación sigue siendo la respuesta común ante acusaciones contra miembros del propio partido, lo que sugiere que los hondureños seguirán dependiendo de la justicia extranjera para juzgar a su élite política en casos graves de crimen organizado.
El Partido Nacional, que durante todo el juicio contra Juan Orlando Hernández estuvo en el centro de atención por las alianzas de sus dirigentes con el narcotráfico, emitió un histriónico comunicado en el que invoca los nombres de figuras históricas que en algún momento fueron injustamente juzgadas: ‘Gandhi lo vivió, Mandela lo vivió, Magdalena lo vivió’, dice el texto.
