La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, denunció este martes que tiene información sobre un eventual requerimiento fiscal en su contra y en contra del magistrado presidente del organismo, Mario Flores Urrutia, tras las recientes resoluciones emitidas por el tribunal.
En declaraciones al noticiero TN5, Barahona manifestó: “Quiero denunciar públicamente a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y a la ciudadanía nacional que tengo información de que se presentará un requerimiento fiscal para capturarnos a la brevedad posible”.
La funcionaria calificó la situación como una persecución política y advirtió que se trata de un hecho “insólito”, ya que los magistrados simplemente están cumpliendo con su deber constitucional. “Es insólito que un magistrado, por emitir una sentencia que debía de hacerse, ahora sea perseguido. Este es un precedente funesto que el pueblo hondureño debe conocer”, afirmó.
Barahona expresó su preocupación por la ausencia de garantías judiciales y recordó que los altos funcionarios del Poder Judicial tienen derecho a un proceso previo antes de cualquier requerimiento o acción penal. “No podemos volver a la época oscura donde desaparecían personas o donde, por no estar de acuerdo con una decisión, se interponían requerimientos para encarcelar jueces o magistrados”, advirtió.
La denuncia de la magistrada surge horas después de que el pleno del TJE resolviera, por mayoría simple, confirmar la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho y de Cristian Villalobos por el departamento de Valle, ambos por el Partido Liberal.
Según la resolución del tribunal, ambos aspirantes cumplen con los requisitos legales establecidos, por lo que se ordenó su inclusión en las planillas correspondientes y la impresión de las papeletas electorales. En el caso de Jorge Cálix, su nombre será ubicado en la casilla número 22 de Olancho.
La advertencia de Barahona ha generado preocupación en diversos sectores, que consideran que una acción penal contra magistrados en ejercicio podría poner en riesgo la independencia judicial y la estabilidad institucional del proceso electoral.
