Tegucigalpa.- La socióloga y exrectora universitaria Julieta Castellanos lanzó contundentes críticas contra el partido de gobierno, al afirmar que los recientes escándalos de corrupción reflejan un profundo colapso ético e institucional dentro de Libertad y Refundación (Libre), así como la captura del aparato estatal por una élite reducida y poderosa.
En declaraciones a medios de comunicación, Castellanos advirtió que la conversación filtrada entre una diputada del Congreso Nacional y un alto funcionario, sumada a las revelaciones sobre el financiamiento electoral de Libre con fondos públicos, evidencia un uso clientelista del Estado orientado a beneficiar intereses partidarios y personales.
“Corrupción en Libre revela debilitamiento institucional y concentración del poder”, afirmó Castellanos, dejando claro que lo que hoy se vive no son hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática que ha subordinado los recursos públicos al proyecto político del oficialismo.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recordó que tanto el audio filtrado como las denuncias sobre el uso de fondos públicos en campaña emergieron casi al mismo tiempo, y justo cuando Libre enfrenta un momento clave previo a las elecciones generales de noviembre.
subrayó que la situación actual se suma a episodios previos como el caso Koriún, el cual se mantiene en total opacidad, y el llamado narcovideo que circuló el año pasado, donde se insinuaban vínculos de la familia presidencial con el crimen organizado desde los orígenes del partido en 2013.
Para Castellanos, uno de los aspectos más inquietantes es la forma en que se centralizaron millonarios recursos estatales en un reducido núcleo de diputados con cercanía al Ejecutivo. “Los datos muestran que la diputada Cuéllar es quien más fondos gestionó, empleó y distribuyó, lo que confirma su cercanía con la familia presidencial, con la presidencia del Congreso Nacional y con la cúpula del partido”, detalló. Agregó que junto a ella, legisladores que integran la junta directiva —provenientes de departamentos como Santa Bárbara, Francisco Morazán y Cortés— habrían canalizado más de 20 millones de lempiras durante la gestión actual.
También criticó el uso político de programas como las becas estudiantiles, que fueron administradas por diputados en lugar de por la Secretaría de Educación. Según denuncias recibidas, muchos de los jóvenes favorecidos eran obligados a trabajar en call centers del gobierno enviando mensajes propagandísticos a través de redes sociales, bajo amenaza de perder el beneficio.
“Es evidente que se buscó evitar los requisitos técnicos y académicos, utilizando una secretaría de carácter político para repartir estos recursos. Lo más grave es que se ha denunciado que muchos de los jóvenes beneficiarios eran forzados a trabajar en call centers del gobierno, enviando mensajes ofensivos a diario, bajo amenaza de perder la beca”, explicó
“Es un mecanismo perverso que corrompe no solo a los jóvenes, sino también a sus familias, al vincular el acceso a un derecho como la educación con tareas propagandísticas”, denunció.
Castellanos también desestimó cualquier intento del oficialismo por justificar las denuncias como parte de una persecución política, al recalcar que los indicios surgieron desde dentro del propio partido.
“Ni el narcovideo ni estas filtraciones vinieron de afuera. Este daño al partido vino desde adentro. Y a cinco meses de las elecciones, Libre corre el riesgo de perder el respaldo del voto independiente que creyó en un cambio y en una lucha auténtica contra la corrupción”, advirtió.
Finalmente, Castellanos fue enfática al señalar que guardar silencio ante estos hechos podría tener un alto costo político para el oficialismo:
“Si el partido de gobierno opta por guardar silencio frente a estos casos, perderá uno de sus principales ejes discursivos de campaña” y su credibilidad frente al electorado quedará profundamente erosionada
