Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, declaró este sábado que la legalidad del allanamiento realizado a una de las residencias del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, sin la presentación física de una orden judicial a los ocupantes del inmueble, es un tema sujeto a interpretación legal.
Solórzano citó el artículo 99 de la Constitución de la República, el cual establece la inviolabilidad del domicilio, y aclaró que solo en casos específicos como flagrancia, presencia del imputado en el lugar o riesgo de pérdida de pruebas, se permiten excepciones a esa garantía.
“Es un tema que debe ser demostrado por el Ministerio Público ante los tribunales de justicia una vez avance el proceso judicial”, indicó el titular del CAH. Añadió que, a su juicio, el caso tiene un trasfondo político.
“Existen imputaciones por lavado de activos que deben ser investigadas y sustentadas, pero no se puede ignorar que todo el proceso contra el general genera también ciertas suspicacias”, opinó Solórzano.
El Ministerio Público presentó el viernes un requerimiento fiscal contra Vásquez Velásquez, acusándolo de lavado de activos. Según un portavoz de esa institución, se cuenta con un video en el que el exjefe militar recibe presuntamente “fardos” de dinero de un narcotraficante actualmente encarcelado en Estados Unidos por delitos relacionados con crimen organizado.
Hasta el momento, el video no ha sido divulgado públicamente. Sin embargo, su mención ha reavivado críticas sobre la falta de acción del Ministerio Público en otros casos similares. Entre ellos, se señala uno en el que supuestamente aparece Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, negociando millonarios fondos con conocidos narcotraficantes, presuntamente destinados a financiar la campaña del partido Libre en 2013. En ese caso, la respuesta institucional ha sido limitada o inexistente, según críticos.
