Tegucigalpa.-La directora para Honduras de la organización HEKS-EPER (Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza), Leticia Flores, revela que en Honduras se ha agudizado la vulneración de los derechos humanos de las personas con la situación de la pandemia del Covid-19.
“Desde hace muchos años los cooperantes internacionales apoyan el tema de defensa de derechos humanos en Honduras no precisamente porque estamos muy bien; esa es una de las razones por la cual hay una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país, también es la razón por que estuvo en el país la MACCIH y el por qué tenemos constantes visitas de la CIDH”, refirió la señora Flores.
“Porque necesitamos avanzar en la temática de los derechos humanos en el país. El año pasado, la Unión Europea inició el programa denominado PRODERECHOS, mediante el cual apoya la institucionalidad del Estado, a través de varias de sus instituciones garantes de derecho como es el Conadeh, la Secretaría de Derechos Humanos y Conaprev”.
El año pasado, la Unión Europea promovió un programa de derechos humanos, para subvencionar proyectos a la sociedad civil.
La organización de las Iglesias Protestantes de Suiza, presentó una propuesta ante la Unión Europea con cuatro socias más locales, como el Cofadeh, Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la organización de Suiza, Peace Watch Swissland, y la Plataforma Internacional contra la impunidad, que también tiene sede en Suiza, en relación a los programas de derechos humanos.
“Estas cinco organizaciones conformamos una propuesta de proyecto para responder a las necesidades de la población consultada, elaborar esta propuesta de proyecto para defender y promover los derechos humanos en ocho departamentos y 20 municipios en el país”.
Aclaró que de momento solo trabajan en esa cantidad de lugares porque el presupuesto no rinde más, aunque saben y conocen que su trabajo se necesita en todos los 18 departamentos hondureños.
“Precisamente por la alta vulneración de los derechos humanos en estas regiones del país es que fueron seleccionados los lugares en donde están presentes. En especial sectores de la economía como la minería, fotovoltaica, también la generación de energía hidroeléctrica”.
Aquí la situación que se presenta es que esos mega proyectos acaparan los recursos comunes como tierra, agua, bosque, playas, incluso el sol, expuso con admiración.
“Estos proyectos, con la excusa que generan empleo entran a los territorios y despojan a las poblaciones de los bienes comunes que ancestralmente han poseído y por supuesto, si a usted le violentan un derecho, usted se va a sentir con la energía para protestar, para defender su territorio, en este caso pacíficamente, no tenemos agresiones de parte de los defensores de los territorios, por el contrario, son los agredidos, los que siempre les toca poner el pecho, como dicen”.
“Entonces al protestar para defender, porque tampoco es que se les consulta. Y en varios municipios de la zona occidental y norte se han hecho cabildos abiertos y se han hecho consultas a la población en donde arriba del 97% se muestra en contra de tales proyectos, pero que, sin fuerza vinculante, no son respetados”, lamento la defensora de derechos humanos.
Agregó que el derecho a la consulta es una de las exigencias de las poblaciones, y que paso seguido habiendo sido consultada la población se respete la decisión que manifieste la población.
