Tegucigalpa.- La Sala I del Tribunal de Sentencia determinó continuar el juicio oral al exoficial de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana, su esposa y suegra hasta el viernes 19 de mayo.
Los imputados son Santos Orellana, su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, acusados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Asimismo, durante la audiencia, el Tribunal de Sentencia notificó a los imputados la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del cambio de medidas.
Las medidas impuestas a los encausados son: quedar bajo el cuidado y vigilancia de sus abogados, prohibición de salir del país, presentación ante el Tribunal a firmar, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de comunicarse con determinadas personas.
El exoficial de la FFAA también deberá presentar una caución hipotecaria por un monto de más de cinco millones de lempiras y una caución juratoria.
Expediente
Según las investigaciones del ente acusador, Rodríguez Orellana realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios, al encontrar momento dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
De igual forma, el también expresidenciable participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, el ente acusador alegó que éste negociaba en entregas de drogas luego que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia, Gracias a Dios, Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Según el análisis financiero del Ministerio Público, el excapitán de la FFAA recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras.
Sin embargo, su esposa y suegra tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados.
Fuente: Proceso Digital
