Las diferencias internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras, en los que cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios, acentúan la incertidumbre de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, algo que llevó esta semana a la comunidad internacional a reaccionar exigiendo respeto a la independencia de los órganos electorales.
A eso se suma la presión del Ministerio Público (Fiscalía) -acusado de responder a intereses del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)-, que tiene amenazados de cárcel a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE, elevando el riesgo de interferencia política directa en organismos que deberían ser imparciales.
Y los militares, que por ley son apolíticos, obedientes y no deliberantes, se han venido inmiscuyendo en asuntos del CNE. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, le ha pedido al CNE que el día de las elecciones le entreguen una copia del acta del escrutinio de la fórmula presidencial, lo que ha sido calificado como una «injerencia» por la consejera presidenta, Ana Paola Hall.
Ante esta situación, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y EE.UU., entre otros, expresaron su preocupación por la erosión de la independencia institucional, en un proceso electoral en el que el oficialismo apuesta por un segundo período consecutivo en el poder, y la oposición por expulsarlo.
La Secretaría General de la OEA expresó que «las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político» y que «su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática».
Desde Ginebra, tres relatores de la ONU señalaron un contexto de polarización, amenazas a la libertad de expresión y riesgos para defensores de derechos humanos, y que el país «debe garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes».
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que la Administración del presidente, Donald Trump, comparte «la preocupación» expresada por la OEA y «sigue de cerca la situación».
Además, Washington exhortó «a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras», y advirtió que responderán «con rapidez y firmeza a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras».
Una semana antes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reiteró en Brasil que habrá elecciones libres y transparentes, lo que contrasta con observadores externos que describen un ambiente opuesto por las campañas de odio entre el oficialismo y la oposición, quienes son los causantes del grave deterioro de la independencia electoral.
Honduras acumula crisis que «nunca resuelve»
Lo que dicen el poder y la oposición evidencia la lucha por controlar la percepción pública y mitigar el impacto reputacional de Honduras en el exterior, aunque dejan al descubierto que su país, uno de los más pobres de Latinoamérica, está bajo el foco internacional, usualmente asociada a democracias en riesgo o procesos electorales vulnerables.
Esto último lo han sufrido los hondureños, que viven en una frágil democracia desde que su país retornó al orden constitucional, hace 45 años, después de casi dos décadas de regímenes militares.
Entre 2009 y 2017, Honduras sufrió un golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya -quien es el coordinador general de Libre, además de esposo y principal asesor de Xiomara Castro-, y sucedió la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández, quien en 2022 fue extraditado a EE.UU., donde fue sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico.
La situación es compleja en un país que desde 2009 ha venido de crisis en crisis, que se han ido «acumulando porque ninguna se resuelve», dijo a EFE el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía.
Además, Mejía considera que las crisis en Honduras son condicionadas e intencionadas por parte de la élite política, de todos los partidos, con el fin de seguir «profundizando la desconfianza en la institucionalidad», algo que «es grave y peligroso para la democracia». EFE
