Tegucigalpa.- A través de un Memorádum, el gobierno de la República rechazó que la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) sea un ente acusador privado y use la Ley de Colaboración Eficaz, en sus investigaciones, como lo propuso la ONU, el cual fue entregado por la Cancillería a esa entidad internacional.
La ONU envió su propuesta al gobierno, en julio pasado, estableciendo en su numeral 6 que “los participantes reconocen que sería necesaria la adopción de todas las formas que permitan al futuro mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción realizar investigaciones de forma independiente, así como constituirse como acusador privado.
Asimismo, será necesario, entre otras cosas, la reforma del marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito incluyendo la abrogación del decreto 116-19, el levantamiento del secreto concerniente a la situación de fideicomisos y reformas normativas que mejoren los instrumentos de investigación y procesamiento del Ministerio Público, incluyendo la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz”.
En respuesta a este numeral, el gobierno respondió: “Considerando que la independencia de los poderes del Estado Constituidos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y Poder Judicial, las partes reconocen que sería necesaria la adopción de reformas legales que permitan al futuro mecanismo internacional de apoyo a la lucha contra la impunidad y corrupción, acompañarnos en la realización de investigaciones para el ejercicio de las acciones de forma independiente.
Asimismo, sería necesario, después del estudio correspondiente, entre otras, la reforma del marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, e incluyendo la abrogación del decreto 116-19 que limita las funciones al Ministerio Público, regulaciones normativas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación de lavado de activos, fideicomisos y reformas legales que aseguren la investigación y el procesamiento bajo responsabilidad del Ministerio Público”.
A través de sus redes sociales, el canciller Eduardo Enrique Reina, hizo público el memorándum y comentó que se trata del primer “paso para alcanzar un documento final que luche contra la corrupción en el país”.
La idea es conformar una comisión que se ayude a combatir la corrupción y que se conjugue con la legislación nacional, que en eso está claro la ONU”.
Una vez hecha pública la respuesta del gobierno, varios sectores comenzaron a poner en duda la oficia de la futura CICIH.
“Sí no es para impulsar procesos serios de investigación que conduzcan eficazmente a enjuiciar corruptos y criminales, ¿para qué servirá la CICIH?”, escribió el sacerdote Jesuita Ismael Moreno, director de ERIC, una organización no gubernamental que monitorea la labor del gobierno.
Por su parte, la coordinadora de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, se limitó a decir en su cuenta de Twitter que “agradecemos la respuesta del gobierno al borrador del memo de entendimiento para el posible acuerdo establecimiento de la CICIH.
Lo hemos transmitido al secretario de la ONU para su revisión. Reiteramos el compromiso de ONU-Honduras con la lucha contra la corrupción en Honduras”.
