Tegucigalpa.- El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional realizará mañana jueves 6 de enero a las 2:00 de la tarde, la audiencia preliminar para el expresidenciable Santos Orlando Rodríguez Orellana.
La Fiscalía acusa a Rodríguez Orellana de cometer el delito de lavado de activos.
La acusación se extiende a su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y a su suegra Reina Lizeth Bonilla, quienes fueron detenidos el pasado 4 de octubre cuando retornaban de una gira política de Roatán y desde esa fecha se han mantenido recluidos en un batallón militar y en la cárcel de mujeres en Támara.
El requerimiento fiscal que pesa en su contra, detalla que investigaciones iniciadas años atrás, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que Rodríguez Orellana realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “ZIPE”.
Del mismo modo, el capitán retirado supuestamente participó en decomisos de vehículos, donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
Además que el análisis financiero realizado por la Fiscalía mostró que durante el tiempo del capitán Rodríguez en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras.
Sin embargo, su esposa y suegra tuvieron de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el período comprendido entre los años 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
El lunes el abogado defensor de Rodriguez Orellana, Salomón Ordoñez, pidió celeridad al juez que conoce el caso para la celebración de la audiencia preliminar.
