Tegucigalpa.- La subsecretaria de Seguridad de Honduras, doctora Julissa Villanueva, lanzó una seria advertencia a través de su cuenta oficial en X, denunciando la instrumentalización de la prueba criminalística forense con fines políticos. Según expresó, esta práctica compromete la integridad del sistema judicial hondureño y pone en riesgo la credibilidad de la ciencia forense.
Aunque no menciona directamente al exjefe militar Romeo Vásquez, Villanueva acompañó su publicación con una imagen en la que se informa sobre la divulgación de un video que supuestamente muestra al exjerarca de las Fuerzas Armadas recibiendo dinero de narcotraficantes, lo que sugiere —según su señalamiento— una posible manipulación de la evidencia en ese caso.
«La instrumentalización de la prueba criminalística forense en la política se refiere al uso, a menudo indebido, de la evidencia científica forense para servir a intereses políticos, en lugar de para la búsqueda de la verdad o la administración de justicia», escribió Villanueva en su publicación.
La funcionaria detalló varios mecanismos mediante los cuales esta manipulación puede operar, entre ellos, la tergiversación o el ocultamiento de pruebas, así como la presión política sobre los expertos forenses para generar resultados alineados con narrativas de poder.
“El problema es grave y tiene múltiples caras”, alertó Villanueva.
Señaló que los hallazgos científicos pueden ser deliberadamente distorsionados para encajar con relatos políticos específicos o favorecer a una parte en litigios con fuerte carga mediática o política.
En otros casos, simplemente se descarta o ignora la evidencia si no resulta útil al discurso oficial o de oposición.
Villanueva también señaló que los servicios forenses deben ser independientes y autónomos para preservar su función original: aportar pruebas objetivas, sin influencias externas, al proceso judicial.
«Los científicos forenses pueden ser influenciados por presiones políticas para producir resultados específicos, o pueden ser sancionados por no hacerlo», advirtió, subrayando la necesidad de blindar la ética profesional del peritaje forense.
En su exposición, la doctora también enlistó consecuencias concretas de esta práctica: desde el uso de evidencia para justificar políticas represivas, atacar a opositores políticos, hasta distraer a la opinión pública de temas como la corrupción o la desigualdad.
“El daño a la administración de justicia es irreparable si no se actúa a tiempo”, concluyó Villanueva.
Asimismo, hizo un llamado urgente para proteger la integridad científica, garantizando que las pruebas forenses se utilicen con objetividad, sin presiones políticas ni intereses personales.
