Tegucigalpa.- Julieta Castellanos, Socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha emitido una carta pública en las últimas horas en la que cuestiona la política de un posible reintegro de policías depurados en Honduras.
Esta carta va dirigida a la presidenta de la república, Iris Xiomara Castro y al asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, a quienes les recordó mediante una cronología la situación de la Policía.
La estudiosa en el tema de seguridad ciudadana expuso los antecedentes y una radiografía de la misma que remontan del año 1993 a la fecha, señalando que lo hace a la vez en su condición de víctima de una institución penetrada por el crimen organizado.
Cronología
El último tramo inicia con la creación de la Comisión Ad Hoc, después de la denuncia de un agente de policía que vincula a policías de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) con las torturas y muertes en las cañeras de San Pedro Sula, detalla el escrito.
Esta Comisión elimina la DNI y en 1996 el presidente Reina, mediante Decreto 229-96 ordena el traspaso de la Policía a los civiles y autoriza un proceso de depuración de la Policía.
La Comisión la preside el Dr. Hernán Corrales Padilla, y la integran Cesar Elvir Sierra, Rubén Zamora Bados, German Leitzelar y Alfredo Landaverde.
A finales del siglo XX inicia una escalada del crimen sin precedentes. El año 2005, siendo presidente Ricardo Maduro, se registró una tasa de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes (hcmh).
En el año 2006, primer año de gobierno del presidente Manuel Zelaya se registró una tasa de 46.2 por cada 100,000/habitantes y para el año 2009, el país cierra con una tasa de 66,8 hpcmh.
En 2011, destaca la nota, se llegó a la tasa más alta, 86.2 hcmh, y Honduras se convirtió en el país más violento del mundo, situación que comienza a revertirse el año 2012.
Posteriormente expone como antecedente una publicación del prestigioso diario estadounidense New York Time en 2016 sobre las acciones de los policías y dos grandes crímenes contra miembros anticorrupción.
Este revela quiénes, dónde y cómo se planificó la muerte del General Arístides Gonzales y de Alfredo Landaverde en el año 2009 y 2011 respectivamente.
“El contenido de este informe conduce a que el Congreso Nacional mediante decreto N.21-2016 declara situación de emergencia por seguridad nacional, y autoriza la creación de la Comisión para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional”.
Castellanos señala que la institución policial está en deuda de todas las respuestas sobre la “infiltración y cooptación del crimen” en el ente de seguridad del Estado, tanto así que ha llevado a varios agentes a enfrentar la justicia por narcotráfico y otros más por lavado de activos.
No dio resultado en gobierno de “Mel”
En concreto, la exrectora quien perdió un hijo a manos de policías en 2011, ha cuestionado a la actual gobernante del país sobre la posibilidad de reintegrar a policías separados en el último proceso de depuración.
Según sus indagaciones, esto sería bajo la justificación de necesidad en aumentar el número de policías para enfrentar el delito y el crimen, señaló.
En ese sentido le recordó a Castro que este tipo de política de seguridad fue la misma que implementó el expresidente Zelaya en el año 2007 “y no tuvo resultados positivos”.
“Las muertes violentas pasaron de 2,417 el año 2005 a 5 mil 265 el año 2009”, resaltó la versada en la temática.
“Esta decisión sorprende porque significa una negación de los hechos descritos, un irrespeto a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un desconocimiento de la historia reciente, y un desprecio al trabajo realizado por personas que se arriesgaron al asumir una tarea que le correspondía hacer al Estado”, objetó.
