Tegucigalpa – El juez Plinio Consuegra denunció este jueves que la decisión de suspenderlo por 90 días, tras otorgar arresto domiciliario al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, constituye una clara violación a la independencia judicial garantizada por la Constitución y organismos internacionales.
Consuegra sostuvo que impugnará la resolución adoptada por las autoridades del Poder Judicial, al considerar que se trata de una medida arbitraria y que compromete la imparcialidad con la que deben actuar los jueces en Honduras.
La suspensión se deriva de la audiencia inicial celebrada contra tres generales de las Fuerzas Armadas, acusados por el asesinato de Isis Obed Murillo, durante los acontecimientos del golpe de Estado en julio de 2009. En esa audiencia, el juez decretó la medida de arresto domiciliario para los imputados, incluido Vásquez Velásquez.
El togado explicó que la decisión no está firme y enfatizó que ejercerá su derecho a defenderse. “No comparto la opinión de la Supervisión General de Tribunales ni de la señora presidenta Rebeca Ráquel Obando. Esta resolución violenta mis derechos y contradice el artículo 69 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el derecho al trabajo. Me suspenden sin salario y ni siquiera se me permite ejercer como abogado privado para sostener a mi familia”, reclamó.
Rechazó también los argumentos que se utilizaron para sancionarlo, y defendió su actuación judicial al amparo del Código Procesal Penal. “El artículo 172 establece que la selección de una medida cautelar es una decisión discrecional del juez. En este caso, dicté una medida privativa de libertad como el arresto domiciliario bajo custodia policial. ¿Dónde está la falta?”, cuestionó.
Asimismo, defendió el principio de presunción de inocencia que ampara a los imputados. “No han sido vencidos en juicio. No puede imponerse una pena anticipada sin el debido proceso”, agregó.
Respecto a la actual condición de prófugo de Vásquez Velásquez, Consuegra aclaró que al dictar la medida, el exjefe militar quedó bajo responsabilidad de la Policía Nacional. “Si hoy no está presente, eso no es resultado de una mala decisión judicial, sino de un fallo en su custodia”, sentenció.
La controversia se produce en un contexto de crecientes cuestionamientos a la autonomía del sistema judicial hondureño y su capacidad de actuar sin presiones externas.
