Tegucigalpa.- InSight Crime ha publicado un nuevo y revelador análisis bajo el título impactante «Honduras eliminó su mejor arma contra el narcotráfico». El informe expone:
El gobierno hondureño anunció que planea poner fin a su acuerdo de extradición con Estados Unidos, en una medida que debilitará la capacidad del país para combatir el tráfico de drogas y perseguir a los narcotraficantes.
La presidenta, Xiomara Castro, hizo el anunció en su cuenta de X la semana pasada. La noticia se dio horas después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, criticara a miembros de alto rango del gobierno, entre ellos José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de Castro y ministro de Defensa, por reunirse con un oficial del régimen venezolano acusado de tráfico de drogas por Estados Unidos.
“Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela”, declaró Dogu a los medios hondureños. “Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”.
Castro calificó las declaraciones de la embajadora como un ataque contra las fuerzas armadas y afirmó que se estaba formando un plan contra su administración. Varios miembros del gabinete de Castro insinuaron que Estados Unidos estaría intentando usar la extradición como una herramienta para debilitar a los militares y como un arma política contra los oficiales del gobierno.
Varios narcotraficantes que enfrentan juicios en Estados Unidos han nombrado a la familia de la presidenta Castro en sus testimonios. Devis Leonel Rivera Maradiaga, el antiguo líder de la red de tráfico de drogas de los Cachiros, ha afirmado en repetidas ocasiones que el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, esposo de Castro, aceptó sobornos cuando estaba en el poder. También ha testificado que, durante ese tiempo, el hermano de Mel, Carlos Zelaya, usó una pista de aterrizaje clandestina en Olancho para introducir cocaína a Honduras.
Ambos Zelayas han negado las acusaciones. Pero, días después de que la presidenta Castro hiciera pública su intención de anular el tratado de extradición, Carlos Zelaya afirmó —en una rueda de prensa— que en 2013 se reunió con narcotraficantes que describió como “empresarios”. También renunció como secretario del Congreso Nacional.
Su hijo, Zelaya Rosales, renunció como ministro de defensa poco después, afirmando que lo hacía para permitir que la investigación contra su padre procediera sin obstáculos.
Honduras ha tenido un tratado de extradición con Estados Unidos desde 1912. Aunque la constitución originalmente no permitía la extradición de ciudadanos hondureños, eso cambió en 2013, cuando el entonces presidente del congreso, Juan Orlando Hernández, impulsó una reforma constitucional que expandió los poderes del gobierno sobre la extradición.
Luego, como presidente, Hernández extraditó a algunos de los narcotraficantes más poderosos de Honduras, entre ellos miembros de los Cachiros y los Valles, a Estados Unidos. Tras completar su mandato, el mismo Hernández fue extraditado y posteriormente sentenciado a 45 años en prisión por tráfico de drogas.
El gobierno hondureño anunció que planea poner fin a su acuerdo de extradición con Estados Unidos, en una medida que debilitará la capacidad del país para combatir el tráfico de drogas y perseguir a los narcotraficantes.
La presidenta, Xiomara Castro, hizo el anunció en su cuenta de X la semana pasada. La noticia se dio horas después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, criticara a miembros de alto rango del gobierno, entre ellos José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de Castro y ministro de Defensa, por reunirse con un oficial del régimen venezolano acusado de tráfico de drogas por Estados Unidos.
“Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela”, declaró Dogu a los medios hondureños. “Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”.
Castro calificó las declaraciones de la embajadora como un ataque contra las fuerzas armadas y afirmó que se estaba formando un plan contra su administración. Varios miembros del gabinete de Castro insinuaron que Estados Unidos estaría intentando usar la extradición como una herramienta para debilitar a los militares y como un arma política contra los oficiales del gobierno.
Varios narcotraficantes que enfrentan juicios en Estados Unidos han nombrado a la familia de la presidenta Castro en sus testimonios. Devis Leonel Rivera Maradiaga, el antiguo líder de la red de tráfico de drogas de los Cachiros, ha afirmado en repetidas ocasiones que el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, esposo de Castro, aceptó sobornos cuando estaba en el poder. También ha testificado que, durante ese tiempo, el hermano de Mel, Carlos Zelaya, usó una pista de aterrizaje clandestina en Olancho para introducir cocaína a Honduras.
Ambos Zelayas han negado las acusaciones. Pero, días después de que la presidenta Castro hiciera pública su intención de anular el tratado de extradición, Carlos Zelaya afirmó —en una rueda de prensa— que en 2013 se reunió con narcotraficantes que describió como “empresarios”. También renunció como secretario del Congreso Nacional.
Su hijo, Zelaya Rosales, renunció como ministro de defensa poco después, afirmando que lo hacía para permitir que la investigación contra su padre procediera sin obstáculos.
Honduras ha tenido un tratado de extradición con Estados Unidos desde 1912. Aunque la constitución originalmente no permitía la extradición de ciudadanos hondureños, eso cambió en 2013, cuando el entonces presidente del congreso, Juan Orlando Hernández, impulsó una reforma constitucional que expandió los poderes del gobierno sobre la extradición.
Luego, como presidente, Hernández extraditó a algunos de los narcotraficantes más poderosos de Honduras, entre ellos miembros de los Cachiros y los Valles, a Estados Unidos. Tras completar su mandato, el mismo Hernández fue extraditado y posteriormente sentenciado a 45 años en prisión por tráfico de drogas.
El gobierno hondureño anunció que planea poner fin a su acuerdo de extradición con Estados Unidos, en una medida que debilitará la capacidad del país para combatir el tráfico de drogas y perseguir a los narcotraficantes.
La presidenta, Xiomara Castro, hizo el anunció en su cuenta de X la semana pasada. La noticia se dio horas después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, criticara a miembros de alto rango del gobierno, entre ellos José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de Castro y ministro de Defensa, por reunirse con un oficial del régimen venezolano acusado de tráfico de drogas por Estados Unidos.
“Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela”, declaró Dogu a los medios hondureños. “Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”.
Castro calificó las declaraciones de la embajadora como un ataque contra las fuerzas armadas y afirmó que se estaba formando un plan contra su administración. Varios miembros del gabinete de Castro insinuaron que Estados Unidos estaría intentando usar la extradición como una herramienta para debilitar a los militares y como un arma política contra los oficiales del gobierno.
Varios narcotraficantes que enfrentan juicios en Estados Unidos han nombrado a la familia de la presidenta Castro en sus testimonios. Devis Leonel Rivera Maradiaga, el antiguo líder de la red de tráfico de drogas de los Cachiros, ha afirmado en repetidas ocasiones que el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, esposo de Castro, aceptó sobornos cuando estaba en el poder. También ha testificado que, durante ese tiempo, el hermano de Mel, Carlos Zelaya, usó una pista de aterrizaje clandestina en Olancho para introducir cocaína a Honduras.
Ambos Zelayas han negado las acusaciones. Pero, días después de que la presidenta Castro hiciera pública su intención de anular el tratado de extradición, Carlos Zelaya afirmó —en una rueda de prensa— que en 2013 se reunió con narcotraficantes que describió como “empresarios”. También renunció como secretario del Congreso Nacional.
Su hijo, Zelaya Rosales, renunció como ministro de defensa poco después, afirmando que lo hacía para permitir que la investigación contra su padre procediera sin obstáculos.
Honduras ha tenido un tratado de extradición con Estados Unidos desde 1912. Aunque la constitución originalmente no permitía la extradición de ciudadanos hondureños, eso cambió en 2013, cuando el entonces presidente del congreso, Juan Orlando Hernández, impulsó una reforma constitucional que expandió los poderes del gobierno sobre la extradición.
Luego, como presidente, Hernández extraditó a algunos de los narcotraficantes más poderosos de Honduras, entre ellos miembros de los Cachiros y los Valles, a Estados Unidos. Tras completar su mandato, el mismo Hernández fue extraditado y posteriormente sentenciado a 45 años en prisión por tráfico de drogas.
Lester Ramírez, profesor en la Central American Technological University, le dijo a InSight Crime que no existe “la autonomía o los recursos para investigar, y más importante aún, para judicializar” casos de crimen organizado a gran escala en Honduras.
En una carta enviada desde prisión, el expresidente Hernández dijo que la extradición era un “instrumento crucial” en la lucha contra el crimen organizado. Además, declaró al periodista hondureño Óscar Estrada, que no se arrepentía de implementar la medida de extradición a pesar de su larga sentencia, y dijo que la en Honduras, “la debilidad institucional y el poder de los carteles” había hecho que la ayuda de Estados Unidos fuera necesaria.
Crédito: Reuters / Fredy Rodríguez, InSight Crime
