Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó este martes un informe revelador en su capítulo hondureño de Transparencia Internacional, mostrando que entre 2019 y 2024, el gobierno de Honduras ha desembolsado L 11,872.3 millones en demandas judiciales.
Este significativo gasto, que podría haberse invertido en sectores críticos como salud, educación o seguridad, evidencia un despilfarro y una gestión ineficiente de los recursos públicos.
El número de demandas judiciales contra el Estado ha aumentado drásticamente: de 3,266 en 2019 a 10,952 en 2023, según datos del informe presentado por la ASJ.
Tradicionalmente, interponer una demanda contra el Estado hondureño ha sido considerado un proceso con alta probabilidad de éxito.
En consecuencia, el fracaso del Estado ha derivado en el despilfarro millonario equivalente a siete veces el presupuesto destinado a construcciones escolares, seis veces el presupuesto de la Dirección General de la Policía Nacional y cuatro veces el presupuesto destinado para construcción de hospitales.
De las 29,640 demandas registradas por la Secretaría de Finanzas entre 2019 y 2024, el 65 % corresponden a demandas laborales por despidos injustificados, remociones indebidas y malas prácticas, entre otras.
Los procesos contencioso- administrativos representan el 30 % del total de los procesos judiciales, en su mayoría por incumplimientos a los procesos administrativos a nivel central y 4 % responden a demandas civiles.
Siete dependencias concentran el 82 % de los gastos judiciales, destacando:
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE): 31% del total. Entre 2019 y junio de 2024, la ENEE ha ejecutado L 3,711.1 millones en procesos judiciales. Parte de este monto corresponde a demandas del Sindicato de Trabajadores (STENEE) por incrementos salariales y nivelación salarial. Las irregularidades en estos casos incluyen la presentación de demandas en el juzgado incorrecto y la legitimidad cuestionable del demandante.
- Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS): 20% del total.
- Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT): 10% del total.
- Secretaría de Finanzas: 10% del total.
- Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel): 4% del total.
- Secretaría de Educación: 3% del total.
- Secretaría de Salud: 3% del total.
El caso de la ENEE ilustra las irregularidades en la gestión de los recursos judiciales.
Las demandas presentadas por STENEE, que reclamaban incrementos salariales, fueron favorecidas a pesar de las inconsistencias, como la presentación en un juzgado diferente al correspondiente y el cuestionable liderazgo del demandante.
Además, se descubrió que los pagos se realizaron de forma duplicada, tanto individualmente a los empleados como al sindicato.
La Procuraduría General de la República y la ENEE han intentado anular estos procesos y recuperar los fondos, pero la ASJ, a través del centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentará una denuncia ante el Ministerio Público para investigar exhaustivamente y sancionar las prácticas corruptas.
La denuncia busca desmantelar estructuras corruptas perjudiciales para el Estado y recuperar los fondos malgastados.
Este despilfarro millonario en demandas judiciales subraya la urgencia de reformar la gestión pública en Honduras. Los fondos utilizados para pagar estas demandas podrían haber tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los hondureños.
