Informe de ASJ revela que, el Congreso Nacional gasta 106 millones de lempiras en asesores y asistentes con baja productividad legislativa

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Tegucigalpa – Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que el Congreso Nacional de Honduras ha destinado 106 millones de lempiras al pago de asesores y asistentes entre enero y octubre de 2024, mientras que solo se han aprobado 93 de los 443 proyectos de ley presentados en ese periodo.

El estudio, titulado «Monitoreo legislativo: asesores, asistentes y consultores en abundancia; resultados en escasez», subraya la discrepancia entre el gasto en personal de apoyo y los resultados legislativos. A lo largo del año, el Congreso solo sesionó 64 de los 97 días programados, con un promedio de 4,381 lempiras por hora de sesión, y mantiene 320 proyectos sin avance alguno.

La ASJ destaca que, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los asesores deberían brindar apoyo técnico efectivo para la creación y evaluación de leyes, pero el número y el costo de estos profesionales no se traduce en mayor productividad legislativa. En promedio, se contrataron 118 asesores mensuales, asignados principalmente a comisiones y bancadas, con salarios entre 15,000 y 100,000 lempiras. De igual manera, se destinaron 55 millones de lempiras para los sueldos de 243 asistentes, además de 7 millones para servicios profesionales.

ASJ sugiere que el Congreso implemente procesos de selección y promoción de personal basados en capacidades y resultados para asegurar un uso más eficiente de los recursos. También recomendó publicar los resultados de las evaluaciones y análisis de impacto de los proyectos de ley en portales de transparencia para una mejor rendición de cuentas.

Para el organismo de transparencia, el actual sistema de asignación de personal depende de la presidencia del Congreso, lo que fomenta prácticas clientelistas y limita la eficiencia en el uso de recursos humanos.

En sus conclusiones, ASJ también insta al Congreso a realizar un análisis regulatorio de impacto sobre las leyes para que la ciudadanía pueda evaluar su incidencia en la vida cotidiana y garantizar un uso más responsable de los fondos públicos.