Tegucigalpa. Un conflicto entre reos ha cobrado la vida de 35 muertos en dos cárceles de Honduras en apenas 48 horas, lo que según defensores de Derechos Humanos, es una señal evidente que autoridades penitenciarias se están prestando para que ocurran estos hechos.
De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad el viernes pasado se protagonizó una reyerta en la cárcel de Tela, Atlántida donde murieron 19 personas, mientras ayer domingo en el presidido de El Polvenir, Francisco Morazán fallecieron violentamente 16 personas, en un enfrentamiento entre pandillas.
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) dijo que estas muertes de acuerdo a información gubernamental se debe a enfrentamientos entre integrantes de maras o pandillas, pero Maldonado cuestiona el rol de la junta interventora de centros penitenciarios nombrada la semana anterior por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
“No se puede dimitir de una situación que ya asumieron (Fusina)”, expresó Maldonado al tiempo que señaló que “todo eso comienza con aquellos 250 mil que llevaba aquel busito a La Tolva. ¿Cuánto dinero había ingresado ya?” » Cuánto se dinero se repartió para que ocurran estas cosas, por supuesto que existe complicidad entre autoridades penitenciarias y el crimen organizado».
Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Luis Suazo manifestó que estas reyertas y muertes en centros penitenciarios se deben a que «se está removiendo personal de las cárceles de Honduras que estaban en las planillas del crimen organizado y pandillas».
«Ésta es la respuesta de grupos criminales porque están perdiendo el control de las cárceles», dijo el funcionario ademas expresó que el aumento de hechos violentos en los centros penales obedece en gran parte “al reacomodamiento y las luchas entre bandas criminales y los nuevos liderazgos que quieren asumir supliendo a los que están en las cárceles”.
En tanto Omar Rivera, director de Incidencia Política de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) expresó que el Estado no puede hincarse ante la barbarie; la Junta Interventora tiene la obligación de hacer un esfuerzo extraordinario para recuperar gobernabilidad del sistema penitenciario y evitar que sigan corriendo ríos de sangre en las prisiones del país.
«Debe existir una inspección general de recientos carcelarios, desarme total, un control mas riguroso de entradas y salidas de bienes materiales y personas y una reubicación de privados de libertad en función de su condición de sentenciados, condenados, así como su nivel de peligrosidad», arguyó Rivera.
Tras estos hechos, miembros de la junta interventora del sistema penitenciario integrada por militares y policías sostuvo una reunión de emergencia en la que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno dijo que «estamos tomando medidas pertinentes para evitar que esto siga sucediendo; es nuestro principal objetivo salvaguardar la vida de cada privado de libertad”.
Un comunicado emitido la noche del domingo por la junta interventora indica que estas acciones violentas son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, a través de Fusina imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país.
Pero el presidente del Codeh lanzó una fuerte advertencia sobre posibles enfrentamientos que se podrían producir en los proximos días en cárceles del norte de Honduras. “Hay que ponerle atención a lo que puede pasar en El Progreso, en la zona norte. No más baños de sangre”.
