Tegucigalpa – Honduras ha reducido en los últimos diez años su tasa de homicidios, pero la impunidad sigue siendo muy alta, lo que en gran parte obedece al elevado presupuesto destinado a Seguridad y Defensa, lo que contrasta con la reducción a la partida para el poder Judicial y el Ministerio Público.
Así lo ha señalado este martes en Tegucigalpa el «Informe Evolución histórica del presupuesto de Seguridad y Justicia 2010-2020», presentado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), ante representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático, entre otros invitados.
El Estado ha cumplido su rol de invertir suficiente dinero en la Policía Nacional y el Ejército, lo mismo que en las instituciones de justicia como el Ministerio Público y el poder Judicial, dijo el oficial de Derechos Humanos de la APJ y miembro de la plataforma Alianza por la Paz y la Justicia, Russlan Espinal.
Agregó que los hallazgos revelan que en el período 2010-2020 la mayor inversión del Estado fue «en materia de seguridad, lo que ha venido a ser reflejado en una disminución en la tasa de homicidios en el país», pero que la reducción del presupuesto del Ministerio Público y el poder Judicial, «ha derivado en un alto índice de impunidad».
Según el estudio, en 2011 Honduras registró una tasa de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que el índice de impunidad fue del 95,8.
Las cifras de la violencia han seguido descendiendo hasta 2019, cuando los homicidios llegaron a 41 por cada 100.000 habitantes, pero la impunidad siguió superando el 90 por ciento.
UN PRESUPUESTO EQUITATIVO
La APJ solicitó una asignación presupuestaria integral para los entes de Defensa, Seguridad y Justicia, lo que, según explicó Espinal, reduciría sustancialmente la violencia y la impunidad.
El cuadro comparativo del crecimiento porcentual entre el Presupuesto General y los presupuestos de las diferentes instituciones del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia del país en los últimos diez años, señala que la partida para la Secretaría de Defensa es superior en un 228,13 por ciento, con respecto a las otras entidades.
En el recorte del presupuesto, el más afectado ha sido el poder Judicial, que en diez años tuvo un aumento de 73,27 por ciento, habiendo sufrido disminuciones en los años 2010, 2015 y 2020.
En contraste, en el mismo período, la Secretaría de Seguridad tuvo un aumento del 132,73 por ciento.
El Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de la investigación y acción penal en el país, ha tenido entre 2010 y 2020 un aumento de 171,01 %, pero su presupuesto sigue siendo bajo.
La APJ considera que se debe analizar y reestructurar la asignación presupuestaria, generando mayor equidad en la distribución de recursos para fortalecer el ciclo y tiempo de respuesta del Sistema de Seguridad y Justicia.
Además, entre sus recomendaciones a las autoridades del país figura que los fondos de la Tasa de Seguridad, que los hondureños vienen pagando desde 2011, «sean manejados con mayor transparencia, garantizando el acceso a la información pública».
HONDURAS PARECE PAÍS EN GUERRA
El excomisionado de Derechos Humanos Leo Valladares dijo a Efe que «se ha potenciado el presupuesto de Defensa» y «pareciera como que nosotros estuviéramos en el Medio Oriente y que tuviéramos que pelear con otros países».
Añadió que el Estado pretende justificar el incremento del presupuesto de Defensa, porque las Fuerzas Armadas le prestan apoyo a las fuerzas de seguridad, civiles, a través de la Policía Militar de Orden Público.
«Ya nos han dicho las Naciones Unidas y otras organizaciones defensoras de derechos humanos que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna debe ser excepcional y no permanente, como está pasando en Honduras», enfatizó Valladares.
En su opinión, el Ministerio Público y el poder Judicial requieren de mayor apoyo e independencia.
«La pobreza siempre implica dependencia y, en este caso, es pobreza de esos órganos que no tienen la libertad necesaria para cumplir con sus funciones», acotó.
Valladares recordó que el poder Judicial recibe menos del dos por ciento, del tres por ciento que, conforme a ley, le corresponde del Presupuesto General de la nación.
Aurora Pineda, activista de derechos humanos, indicó a Efe que los datos del informe de la APJ «son alarmantes» y que «algo tenemos que hacer los hondureños para combatir la impunidad, porque eso nos va a permitir seguir la investigación de los homicidios».
Añadió que con las estrategias oficiales «se ha logrado reducir un 50 por ciento la violencia, pero todavía es alto 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, es un índice que todavía nos preocupa».
«Si no combatimos la impunidad, nos quedaremos con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, yo creo que nos merecemos un sistema de seguridad más confiable y un sistema de seguridad con mejores perspectivas», apostillo.
El 11 de octubre de 2011, un hijo de Pineda y otro de la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, fueron asesinados por policías en el extremo sur de la capital hondureña.
