Tegucigalpa.- Los problemas de las cárceles a los que hace alusión el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos no son un tema exclusivo de Honduras, indicó este martes el abogado Selvin López tras advertir que el Estado puede volver a ser condenado si no cambian las prácticas para controlarlas.
El Departamento de Estados de EEUU señala en este informe “la incapacidad del gobierno para controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones”, donde persiste el hacinamiento, el acceso insuficiente a alimentos, agua y suministros médicos, la violencia y presuntos abusos por parte de funcionarios penitenciarios.
“No es un problema propio de nuestro país, es un problema de muchos otros países y en el caso hondureño, que ya ha habido consecuencias, incluso en el ámbito de derechos humanos por haber recibido condena” y advirtió que “es probable que siga ocurriendo, si las prácticas no cambian”.
El informe refiere que el Instituto Nacional Penitenciario informó que al 13 de octubre la población carcelaria total era de 19,619 en 25 cárceles y un centro de detención. Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), el sistema fue diseñado para aproximadamente 13,000 internos.
López señaló el incumplimiento de parte de Estado de poder controlar el tema de violencia entre pandillas como uno de los principales problemas en la actualidad en el sistema penitenciario del país.
Además, señaló que es importante tener en cuenta la disposición de separar a las personas procesadas de las que ya han sido condenadas, evitar el ingreso de armas a los recintos penitenciarios, así como otras prácticas violentas a lo interno de estos lugares.
Precisamente, el Departamento de Estados de EEUU indica en el informe sobre derechos humanos que “el gobierno no logró controlar la violencia generalizada relacionada con las pandillas y la actividad delictiva dentro de las prisiones. Muchas prisiones carecían de suficiente personal de seguridad”.
El reporte cita que “muchos reclusos tenían acceso a armas y otro contrabando, los reclusos atacaron a otros reclusos con impunidad y los reclusos y sus asociados fuera de la prisión amenazaron a los funcionarios penitenciarios y sus familias. Estas condiciones contribuyeron a un ambiente inestable y peligroso en el sistema penitenciario”.
