El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras fue tajante al señalar este jueves que el país no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar una deportación masiva de migrantes.
Más de 55 mil hondureños, durante más de 26 años, estuvieron amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, el cual fue cancelado el pasado 8 de septiembre.
Por lo anterior, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, expresó su preocupación sobre la atención que se le dará a los migrantes.
«¿Cómo se les va a atender al momento de recibirlos?», se preguntó, subrayando que el Estado no tiene la logística ni el presupuesto ni la institucionalidad para abordar adecuadamente el regreso de los compatriotas.
La situación de los migrantes hondureños
Izaguirre también mencionó la difícil situación que enfrentan los migrantes que transitan por el país, señalando la ausencia de institucionalidad para ofrecerles un trato digno y humano.
«Es preocupante y nosotros haremos las recomendaciones pertinentes, como siempre lo hacemos, para ver de qué manera se puede abordar la deportación y el regreso masivo de compatriotas con un enfoque de derechos humanos», expresó la defensora.
Además, detalló que el Conadeh ha recibido varias denuncias de atropellos contra migrantes, aunque la institución, en colaboración con organizaciones civiles e internacionales, intenta darles atención dentro de los recursos disponibles.
«Sí, hay muchas y, de hecho, nosotros, con algunas organizaciones de sociedad civil o de cooperación internacional, tratamos de atenderlos dentro de lo que el mandato nos permite y dentro de lo que se puede hacer», concluyó Izaguirre.
El impacto de la cancelación del TPS
El TPS fue establecido por el gobierno de Estados Unidos a finales de la década de 1990 para beneficiar a personas de países que habían sufrido desastres naturales o guerras civiles, lo que permitió a miles de hondureños trabajar y vivir sin el temor a ser deportados.
Sin embargo, con la cancelación del programa el pasado 8 de septiembre, alrededor de 55,000 hondureños quedaron sin ninguna protección legal en territorio estadounidense.
